Un cambio de política que recalculó la demanda en hospitales públicos
La provincia de Salta puso en marcha a principios de 2024 un sistema para cobrar la atención sanitaria no urgente a extranjeros no residentes que, según la administración provincial, produjo una fuerte reducción en la cantidad de pacientes foráneos que recurrían a los hospitales públicos y permitió un ahorro en costos operativos del sistema de salud.
La experiencia local fue citada esta semana como antecedente por la Nación, que reglamentó el cobro para casos similares en hospitales nacionales mediante la Resolución N° 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación. Fuentes oficiales de la provincia informaron que parte de los recursos recuperados se destinaron a la compra de ambulancias e insumos para reforzar la atención de la población salteña.
Los números: caída abrupta en la atención a no residentes
Los datos oficiales citados por la provincia muestran un descenso marcado en la cantidad de extranjeros atendidos en establecimientos públicos:
- 2023 (antes de la medida): 31.561 pacientes extranjeros atendidos.
- 2024 (tras la implementación): 77 pacientes extranjeros atendidos.
- Hasta julio de 2026: 10 pacientes extranjeros atendidos.
| Año | Pacientes extranjeros atendidos |
|---|---|
| 2023 | 31.561 |
| 2024 | 77 |
| 2026 (hasta julio) | 10 |
Consecuencias y explicaciones oficiales
Desde la Gobernación se atribuyó la caída a la introducción del cobro por prestaciones no urgentes y a controles administrativos que, según afirmaron, desalientan la práctica de viajes con fines exclusivamente sanitarios. El gobierno provincial resaltó que la medida no sólo alivió costos sino que permitió reasignar recursos hacia insumos y transporte sanitario.
“Se redujeron fuertemente los denominados ‘tours de salud’ vinculados al ingreso de personas de países vecinos”, informó la administración provincial.
En su comunicado, la provincia precisó que el objetivo fue priorizar la atención de residentes y fortalecer la operatividad del sistema público. No obstante, la medida generó cuestionamientos en organizaciones sociales y defensores de derechos de migrantes en otras jurisdicciones, que señalaron riesgos para el acceso a la salud de personas en situación de vulnerabilidad.
Implicancias locales y regionales
En una ciudad y una provincia con límites internacionales y un flujo constante de personas, cualquier ajuste en la política sanitaria tiene efectos visibles en los hospitales y centros de salud. La reducción reportada por la administración salteña plantea varios desafíos y preguntas para la gestión pública local:
- Cómo se garantiza la atención de urgencias y situaciones excepcionales sin discriminación por condición migratoria.
- De qué manera se verifican y documentan los casos no residentes para diferenciar entre atención urgente y no urgente.
- Cuál será el impacto a mediano plazo sobre la salud preventiva y el control de enfermedades en zonas fronterizas.
La adopción de la normativa nacional, inspirada en el esquema provincial, sugiere que el modelo implementado en Salta servirá de referencia para otras jurisdicciones. Para la administración provincial, la experiencia mostró que una política de cobro administrada —acompañada de controles— puede liberar recursos internos. Para operadores sanitarios, sindicatos y organizaciones de derechos, la expansión de este tipo de mecanismos obliga a definir protocolos claros para evitar exclusiones injustificadas.
En las próximas semanas, la provincia y la Nación deberán precisar procedimientos y criterios operativos, así como canales de información hacia la población, para que el acceso a la salud en Salta —especialmente en contextos fronterizos— no quede supeditado a confusiones administrativas ni a barreras que afecten la atención de emergencias.
