La Justicia Federal de Salta formalizó la apertura de una investigación contra el diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, y otras 14 personas por su presunta participación en una organización que tramitaba pensiones no contributivas por discapacidad mediante documentación falsa. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2, a cargo del juez Diego Anzorreguy, y fue instruida por el fiscal general Carlos Amad.
Acusaciones y dinámica del presunto esquema
Según la acusación fiscal, la estructura operaba fabricando certificados médicos y adulterando registros clínicos para lograr que personas que no reunían las condiciones exigidas obtuvieran o renovaran prestaciones por discapacidad. La hipótesis sostiene que se falsificaban análisis de laboratorio, radiografías, historias clínicas y otros documentos, además de suplantar o modificar identidades en la documentación presentada ante organismos nacionales.
“Tenían una especie de fábrica de certificados truchos. Le daban a gente que no estaba enferma certificados por Chagas o diabetes, con incapacidades del 80% o 90%... Le cobraban a gente muy vulnerable.”
El fiscal Amad describió además prácticas de captación y pago que incluían el cobro de sumas que, según la documentación recabada, habrían variado entre $20.000 y $1.000.000 por gestión, dependiendo del tipo de intervención o la documentación requerida. Parte de la investigación se originó por detección de certificados falsos en la provincia de Chaco y luego se extendió a Salta.
Quiénes están imputados y qué cargos pesan
La audiencia de formalización mencionó la imputación de 15 personas en total —entre ellas el diputado Orellana— y la investigación fue abierta por el plazo de un año. La Fiscalía atribuye a los acusados la comisión de delitos relacionados con la falsificación de documentación pública y privada y la defraudación al Estado por el pago de prestaciones indebidas.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Imputados | 15 personas (incluye diputado provincial) |
| Órgano judicial | Juzgado Federal N.º 2, Juez Diego Anzorreguy |
| Fiscalía | Fiscal general Carlos Amad |
| Perjuicio estimado | $3.280.000.000 mensuales (según la Fiscalía) |
| Plazo de la investigación | 1 año |
Perfil de la estructura acusada
La hipótesis fiscal describe un entramado que habría integrado médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos, operadores políticos y personas encargadas de captar beneficiarios potenciales. En algunos casos, sostiene la Fiscalía, los presuntos beneficiarios ni siquiera padecían enfermedades incapacitantes, pero recibieron certificados con porcentajes de discapacidad elevados —entre 80% y 90%— para acceder a las pensiones.
- Documentación adulterada: análisis sanguíneos, radiografías, historias clínicas.
- Pago por gestiones: montos variables entre particulares y en algunos procedimientos de mayor complejidad.
- Vulnerabilidad de las víctimas: personas que, según la acusación, eran inducidas a costear los trámites e incluso a tomar préstamos.
Implicancias para el sistema de prestaciones
Si la acusación prospera, la pesquisa podría implicar devoluciones de fondos, sanciones administrativas y detenciones. Más allá de las consecuencias penales para los imputados, la causa reabre el debate sobre los mecanismos de control en la asignación de prestaciones sociales y la necesidad de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a redes que las explotan.
La Fiscalía consideró que el perjuicio mensual para el Estado nacional fue del orden de $3.280 millones, cifra que da dimensión del impacto fiscal que la causa atribuye al presunto accionar delictivo. La investigación, en desarrollo, buscará determinar el alcance real de los pagos indebidos y las responsabilidades concretas de cada imputado.
Próximos pasos procesales
Con la causa abierta por un año, el juzgado y la Fiscalía continuarán con la recopilación de pruebas, declaraciones testimoniales y pericias solicitadas. En esa etapa puede definirse si se requieren medidas como la imputación formal de nuevos involucrados, pedidos de detención, allanamientos adicionales o embargo de bienes vinculados a la investigación.
La presencia del nombre de un legislador provincial en la lista de imputados agrega complejidad política al expediente, aunque por ahora la pesquisa se desarrolla en el fuero federal con enfoque judicial y probatorio. La causa avanza en un contexto en que otras jurisdicciones ya habían detectado certificados médicos sospechosos, lo que sugiere una modalidad de maniobra con alcance interprovincial.
La instrucción seguirá su curso y las partes citadas deberán comparecer ante la Justicia para aportar pruebas y responder a las imputaciones. El fiscal Amad permanecerá al frente de la investigación mientras el juzgado federal supervise las medidas procesales correspondientes.
