Tapachula — Al menos 20 mil personas de distintas nacionalidades permanecen varadas en el municipio, según denuncias de organizaciones y representantes del sector legal en derechos migratorios, situación que se ha agudizado durante 2026 por la lentitud institucional y la falta de alternativas para acceder a empleo formal.
Retraso administrativo y falta de recursos
El presidente del Colegio de Abogados de Inmigración y Derechos Humanos de México, José Gildardo Galdámez Peregrino, advirtió que la emisión de documentos clave para la regularización laboral —como la constancia de inicio de trámite de refugio expedida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— tarda actualmente más de 12 meses.
"La burocracia está orillando a los extranjeros a mendigar en las calles para sobrevivir",
Galdámez Peregrino explicó que la constancia de inicio de trámite es un requisito para obtener permiso de trabajo, por lo que el retraso en la entrega de ese y otros documentos impide que miles accedan a ingresos regulares.
Factores que agravan la situación
Entre las causas que han detonado la crisis, las fuentes citan:
- Reducción de personal en la COMAR, que limita la atención de expedientes.
- Salida de organismos internacionales que financiaban parte de la operación de atención.
- Saturación del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que multiplica los tiempos de respuesta.
El efecto combinado de estos factores provoca que miles de trámites queden estancados y que familias enteras no cuenten con un sustento estable. Abogados y defensores locales reportan que más de mil personas han recurrido a mendicidad en las calles o a la recolección de objetos utilitarios de la basura para alimentarse.
Impacto local y desafíos para Tapachula
La presencia prolongada de un número elevado de personas en situación irregular o en trámite en Tapachula tiene repercusiones en servicios públicos, salud y seguridad, además de generar presión sobre redes de ayuda humanitaria y organizaciones civiles locales. La ciudad, históricamente punto de tránsito y solicitud de refugio, enfrenta ahora la dificultad de coordinar respuestas ante un rezago institucional que, según fuentes, es persistente.
Autoridades municipales y asociaciones civiles han señalado la necesidad de una intervención más coordinada entre instancias federales y locales, así como de recursos adicionales para garantizar atención básica: alimentación, alojamiento temporal y acceso a trámites administrativos. No obstante, en los reportes revisados no se registra hasta ahora un plan público integral con plazos definidos para reducir el rezago.
Datos institucionales
| Instancia | Problema reportado |
|---|---|
| COMAR | Entrega de constancias de inicio de trámite de refugio con demoras superiores a 12 meses |
| INM | Saturación que alarga tiempos de respuesta y procesos de regularización |
Organizaciones de la sociedad civil han intentado cubrir vacíos puntuales mediante albergues, despensas y enlaces legales, pero advierten que la magnitud del fenómeno exige soluciones estructurales y mayor respaldo financiero y operativo.
Escenario humanitario
La combinación de trámites prolongados, la falta de empleo formal y la pérdida de apoyos financiados por organismos externos ha dejado a muchas personas en condiciones de vulnerabilidad. Abogados y defensores señalan que la prolongación indefinida de la estadía en Tapachula no solo afecta a quienes buscan regularizarse, sino también a la convivencia y a la capacidad de respuesta municipal ante necesidades básicas.
Mientras persista el rezago en la atención de expedientes y la saturación de los órganos responsables, organizaciones locales temen que el número de personas en situación de indigencia o en condiciones de subsistencia extrema se mantenga o aumente. La ciudad espera medidas coordinadas que aceleren trámites y amplíen las posibilidades de acceso al trabajo legal, condición indispensable para reducir la presión humanitaria.
Este despacho continuará el seguimiento sobre las acciones que emprendan COMAR, el INM y las autoridades municipales en Tapachula para atender el reclamo de la comunidad migrante y mitigar las consecuencias sociales en la región.
