Autoridades de salud y seguridad de Baja California realizaron un operativo interinstitucional y ordenaron la suspensión administrativa del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, luego de documentar irregularidades en sus condiciones de operación y en el seguimiento de una investigación por el homicidio de un interno.
Operativo conjunto y hallazgos sanitarios
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), así como personal de la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y del Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC).
La verificación que llevó a la medida administrativa detectó deficiencias en la atención médica, falta de higiene en varias áreas y inconsistencias en la documentación que acredita el consentimiento de ingreso de las personas internadas. Por ello COEPRIS determinó la suspensión de actividades del inmueble mientras se realizan las acciones correspondientes.
Detención y aseguramiento de arma
Durante las diligencias, personal de seguridad intervinieron a un hombre que realizaba labores de escolta en el centro, a quien le fue asegurada un arma de fuego por no contar con el permiso de portación correspondiente. El individuo quedó a disposición de las instancias ministeriales para determinar su situación jurídica, en apego al principio de presunción de inocencia.
“Ningún usuario fue desalojado a la vía pública”,
indicaron las autoridades, y el IPEBC ofreció acompañamiento a las personas internadas, brindando traslados voluntarios a unidades médicas y centros autorizados para garantizar su continuidad de atención.
- Motivo de la intervención: Investigación por el homicidio de un interno de 28 años.
- Medidas administrativas: Suspensión de actividades por COEPRIS.
- Acciones de protección: Traslados voluntarios y acompañamiento del IPEBC; revisión de expedientes y condiciones sanitarias.
Contexto local y consecuencias
La clausura de un centro de rehabilitación en Tijuana, además del componente de seguridad por la vinculación con un homicidio, pone en evidencia la vulnerabilidad de algunos espacios informales o con manejo irregular de tratamientos para adicciones en la ciudad fronteriza. Para quienes requieren atención, la acción preventiva de las autoridades busca evitar riesgos mayores, pero al mismo tiempo obliga a coordinar traslados y atención alternativa para evitar discontinuidad en los tratamientos.
En Tijuana, donde la demanda de servicios de salud mental y adicciones tiene una dinámica transfronteriza —con pacientes que atienden temas relacionados con movilidad familiar y empleo en la región binacional—, la suspensión de este centro obliga a reforzar la red pública y privada para absorber a quienes requieren continuidad de cuidados.
Entidades que participaron en el operativo
| Dependencia | Rol |
|---|---|
| SEDENA | Resguardo y apoyo operativo |
| SEMAR | Apoyo operativo |
| Guardia Nacional | Seguridad y coordinación |
| SSCBC | Policía estatal y coordinación |
| FGE | Indagatoria del homicidio |
| COEPRIS | Verificación sanitaria y suspensión |
| IPEBC | Acompañamiento y traslados voluntarios |
La investigación por el homicidio del interno de 28 años continúa a cargo de la Fiscalía del Estado, que determinará enlaces directos entre la muerte y las condiciones del centro. Mientras tanto, COEPRIS mantendrá la suspensión administrativa hasta que se corrijan las irregularidades detectadas o se resuelva conforme a la normatividad aplicable.
Para los vecinos de Mariano Matamoros y usuarios de servicios de rehabilitación en Tijuana, el caso subraya la necesidad de mayor vigilancia sobre instalaciones que atienden poblaciones vulnerables y la importancia de rutas claras de atención para pacientes que no queden desamparados ante cierres temporales o definitivos de centros privados.
WE NEWS seguirá el curso de la investigación y las medidas de protección sanitaria y de seguridad que implementen las autoridades locales y estatales en la ciudad fronteriza.
