En medio de un escenario nacional de agresiones a la prensa y con un homicidio reciente en el estado, se realizó el 8 de agosto en Oaxaca el taller “Comunicar frente a la violencia: protección y derechos”, dirigido a periodistas, comunicadoras y comunicadores, radialistas y miembros de medios comunitarios e independientes, así como a organizaciones sociales y de derechos humanos.
Contexto nacional y regional
Los datos presentados durante la jornada muestran un aumento de riesgos para las y los periodistas en México, donde diversas organizaciones documentan cientos de agresiones anuales, incluyendo homicidios y desapariciones. En ese marco, Oaxaca concentra una situación particularmente grave: ocupa el tercer lugar nacional en asesinatos de periodistas y comunicadores, solo detrás de Veracruz y Guerrero.
El taller adquiere especial relevancia luego del homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla. Organizaciones internacionales y nacionales han puesto el foco en el caso y en la ausencia de respuestas de protección que impidan la repetición de agresiones.
Violencias diferenciadas y poblaciones afectadas
Además de las agresiones físicas, los riesgos incluyen hostigamiento judicial, amenazas, precariedad laboral y violencia digital. Las cifras desagregadas por género señalan que las mujeres comunicadoras enfrentan formas específicas de agresión, como acoso sexual, descalificación de la vida personal y ataques a sus redes afectivas.
- Medios comunitarios y radios locales que cubren conflictos territoriales y denuncias por corrupción se encuentran entre los más vulnerables.
- Quienes investigan temas sensibles —corrupción, despojo, violaciones a derechos humanos o violencias feminicidas— suelen recibir agresiones más frecuentes y graves.
- Las agresiones digitales y el acoso en redes amplifican la exposición y pueden preceder ataques físicos.
Datos presentados
Durante el taller se recordaron estadísticas recientes sobre los ataques a la prensa en el país y en Oaxaca:
| Fuente | Dato | Periodo |
|---|---|---|
| ARTICLE 19 | 451 agresiones; 7 asesinatos; 1 desaparición | 2025 |
| CIMAC | 338 agresiones contra mujeres periodistas | 2025 |
| ARTICLE 19 (Oaxaca) | 20 agresiones documentadas | 2024 |
Responsabilidad institucional y retos de protección
En el curso del taller se subrayó la necesidad de respuestas efectivas por parte de las autoridades para garantizar medidas de protección. Organismos internacionales han cuestionado la falta de protocolos robustos y de acciones preventivas, especialmente cuando existen denuncias previas que no derivan en medidas de seguridad suficientes.
Los participantes plantearon la urgencia de mecanismos que no solo respondan de manera reactiva, sino que permitan prevenir ataques y ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico y técnico a las y los comunicadores afectados.
Impacto en las comunidades zapotecas y mixtecas
Los medios comunitarios que operan en regiones zapotecas y mixtecas enfrentan riesgos particulares por su trabajo cercano a procesos locales: cubren conflictos agrarios, resistencias por el agua, megaproyectos y violencias que suelen ser invisibilizadas. La criminalización de la protesta y la estigmatización de los informadores locales agravan la situación.
La capacitación incluyó herramientas prácticas para la protección digital y física, así como rutas de articulación entre medios independientes, organizaciones de derechos humanos y defensorías locales.
Acciones concretas y recomendaciones
Entre los puntos acordados y recomendados figuran:
- Fortalecer redes de apoyo interinstitucional y comunitario.
- Documentar sistemáticamente agresiones y dar seguimiento público a los casos.
- Promover capacitación continua en seguridad digital y atención a violencia de género.
La combinación de cifras preocupantes y el reciente homicidio en San Pablo Etla ponen de manifiesto que la protección de la prensa en Oaxaca requiere respuestas urgentes y coordinadas. El taller se presentó como una iniciativa para consolidar capacidades locales, pero participantes y organizaciones señalan que se necesita voluntad institucional sostenida para transformar las recomendaciones en acciones que reduzcan verdaderamente el riesgo para quienes informan.
