La propuesta del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de “recuperar” empresas que fueron privatizadas y su afirmación de que expropiar “no es palabra maldita” reabrieron un debate de alto impacto en la economía de Baja California Sur. El anuncio encendió alertas en el sector privado, que considera la medida un factor adicional de incertidumbre jurídica para inversiones de largo plazo en la entidad.
Qué dijo el gobierno y por qué preocupa
El mandatario estatal planteó que sectores como la banca, las navieras, la aviación, el turismo y los ferrocarriles podrían volver de manera gradual a manos del Estado. La declaración no llegó acompañada de una iniciativa legal ni de detalles técnicos sobre el mecanismo, el financiamiento o la temporalidad de un eventual proceso de “recuperación” de activos.
En términos generales, el discurso tuvo una lectura inmediata entre inversionistas: más allá de la viabilidad jurídica —la Constitución contempla la figura de la expropiación bajo condiciones estrictas—, existe la preocupación por la certeza regulatoria y la estabilidad de reglas que requieren proyectos de inversión a largo plazo, como desarrollos turísticos y residenciales.
Impacto sobre sectores estratégicos
Baja California Sur depende en buena medida del turismo, la construcción, la restauración y la inversión inmobiliaria vinculada a sus destinos de playa. Cualquier señal que modifique la percepción de riesgo puede traducirse en decisiones de diferir, reducir o suspender proyectos. El discurso gubernamental llega además en un contexto de conflictos ya abiertos entre autoridades y desarrolladores, lo que aumenta la sensación de riesgo.
- Turismo y servicios: inversiones de largo plazo pueden reconsiderarse si persiste la duda sobre la seguridad jurídica.
- Construcción y desarrollos inmobiliarios: proyectos en portafolios privados pueden sufrir pausas o renegociaciones con financiamiento más caro.
- Banca y financiamiento: bancos que proveen crédito a gobiernos y desarrolladores podrían ajustar condiciones ante la posibilidad de cambios regulatorios o nacionales.
Un antecedente cercano: Camino Costero en Los Cabos
La propuesta del gobernador ocurre en medio de disputas recientes por desarrollos turísticos en el estado. El conflicto más visible fue el llamado Camino Costero de Cabo del Este, donde autoridades reabrieron un camino entre San José del Cabo y Cabo Pulmo que había sido bloqueado por propietarios de terrenos previstos para desarrollos. El asunto terminó en tribunales: una empresa vinculada a Grupo Vidanta promovió un juicio de amparo y un Tribunal Colegiado concedió una suspensión relacionada con los actos impugnados.
Ese enfrentamiento ya tuvo consecuencias económicas concretas: Grupo Vidanta anunció una pausa en inversiones en Los Cabos y advirtió que emprendería acciones legales para reclamar presuntos daños. La mencionada disputa sirve de contexto para entender por qué un llamado público a “recuperar” activos privados genera inquietud entre inversionistas y desarrolladores.
Lo que resta por aclarar
Del planteamiento gubernamental no se han conocido aún elementos clave: cuál sería el marco jurídico preciso, la metodología para determinar actos de “recuperación”, la forma de compensación a propietarios y quién asumiría el costo fiscal de medidas de esa naturaleza. Sin esos elementos, la inseguridad jurídica es —para el sector privado— el principal riesgo.
El gobernador afirmó que “expropiar no es palabra maldita”.
Escenarios y consideraciones prácticas
Sin adelantar posiciones, existen rutas previas en la legislación mexicana para atender problemas como el crédito caro o la regulación de sectores estratégicos: controles regulatorios, banca de desarrollo y mecanismos de política pública. Para inversiones privadas, la recomendación generalmente es mantener un monitoreo estrecho de cambios regulatorios y evaluar cláusulas contractuales que protejan ante modificaciones en el marco legal.
| Sector | Riesgo percibido |
|---|---|
| Turismo y servicios | Retraso o cancelación de proyectos, revisión de financiamientos |
| Inmobiliario y construcción | Mayor prima de riesgo, renegociación contractual |
| Banca | Ajuste de condiciones crediticias y exposición frente a activos públicos |
En este momento, la discusión continúa en el plano público y político. Para que la conversación avance hacia acciones concretas será necesario que el Ejecutivo estatal presente propuestas con elementos técnicos y legales que permitan a inversionistas, autoridades y tribunales ponderar los alcances y consecuencias.
