En la periferia de la ciudad de Durango, miles de familias viven en condiciones de incertidumbre: ocupan terrenos sin certeza jurídica, carecen de servicios básicos y en muchos casos residen en zonas con riesgo de deslizamiento o inundación. Las autoridades municipales reconocen la existencia de más de 50 asentamientos irregulares que albergan, estiman, entre 8,000 y 10,000 familias.
Vivienda informal y falta de servicios
Habitantes de colonias como San José III y El Ciprés —dos de los asentamientos más grandes en el norte de la ciudad— conviven con la carencia de agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación. La ausencia de estas infraestructuras provoca condiciones de vida precarias y aumenta la exposición a enfermedades y accidentes.
Las autoridades municipales han ofrecido alternativas de reubicación para algunas familias, pero una porción significativa ha mostrado resistencia a abandonar sus viviendas, ya sea por el arraigo al lugar o por la falta de confianza en las soluciones propuestas.
Distribución y riesgos
El problema no está concentrado en una sola parte de la ciudad: hay una mayor concentración en el sur, con colonias como Manuelito Álvarez, Raquel Velázquez y Miguel de la Madrid, donde la irregularidad limita el crecimiento ordenado del suelo urbano. En el oriente se reportan asentamientos como Alcaldes y Pedro Ávila Nevárez, que ocupan áreas con reserva territorial municipal. En el poniente, la mezcla de uso industrial y residencial aparece en lugares próximos al Parque Industrial Ladrillero.
Un dato que agrava la situación: aproximadamente el 15% de estos asentamientos se localiza en zonas de alto riesgo —terrenos próximos a arroyos, laderas o áreas susceptibles de deslizamiento—, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias ante eventos meteorológicos o fallas geológicas.
| Zona de la ciudad | Colonias / asentamientos | Situación destacada |
|---|---|---|
| Norte | San José III, El Ciprés | Asentamientos grandes; ofertas de reubicación |
| Sur | Manuelito Álvarez, Raquel Velázquez, Miguel de la Madrid | Alta concentración y colindancia con terrenos federales |
| Oriente | Alcaldes, Pedro Ávila Nevárez | Ocupación en reserva municipal |
| Poniente | Parque Industrial Ladrillero (mezcla) | Uso industrial y residencial superpuesto |
Demanda que supera la oferta
El crecimiento de los asentamientos se ha mantenido sostenido: las estimaciones citadas por autoridades locales sitúan la tasa de expansión anual entre 5% y 8%. En ese contexto, el Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI) tiene en proceso la regularización de alrededor de 120 predios, pero admiten que la demanda de vivienda formal sigue superando la capacidad de respuesta institucional.
- Más de 50 asentamientos irregulares en la capital.
- Entre 8,000 y 10,000 familias afectadas por falta de certeza jurídica y servicios.
- 15% de asentamientos en zonas de alto riesgo.
Impacto social y opciones
La permanencia en lotes irregulares implica no solo la carencia de infraestructura; también significa la posibilidad real de desalojo, lo que genera un clima de angustia entre las personas que habitan estas áreas. Aunque se han presentado planes de reubicación, la aceptación es limitada. Las familias que rehúsan mover sus viviendas invocan la dependencia de redes sociales y económicas locales que les sería difícil trasladar.
El fenómeno, además, se inserta en problemas estructurales: la falta de vivienda asequible y la ausencia de políticas integrales de suelo urbano son factores que, según las cifras oficiales, alimentan la expansión de la ocupación irregular.
Qué está en juego
Más allá de cifras, la precariedad habitacional repercute en la salud, la seguridad y la estabilidad económica de miles de hogares. La regularización de predios y la provisión de servicios básicos son pasos necesarios, pero insuficientes si no se acompañan con políticas que aumenten la oferta de vivienda accesible y ordenen el crecimiento urbano.
Mientras tanto, cientos de familias continuarán viviendo con la amenaza de perder su hogar o de verse afectadas por fenómenos naturales en zonas no aptas. El desafío para las autoridades municipales y la sociedad será construir soluciones que combinen legalidad, infraestructura y opciones reales de vivienda para quienes hoy no tienen certeza sobre el lugar donde viven.
