Autoridades federales confirmaron la existencia de una red de extorsión integrada por servidores públicos del municipio de Cuautla, en la zona oriente de Morelos, que condicionaban la reapertura de establecimientos comerciales al pago de sumas de dinero que alcanzaban los 200,000 pesos.
Modo de operación y denuncias
En una rueda de prensa celebrada en el Salón Morelos, Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Penal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el mecanismo consistía en clausuras administrativas que, según las investigaciones, carecían de sustento legal. Posteriormente los comerciantes eran requeridos para cubrir montos elevados a cambio de permitir la reapertura de sus negocios.
El funcionario federal no precisó nombres ni cargos de los presuntos implicados durante la conferencia, pero aseguró que ya se realizan indagatorias para determinar las responsabilidades tanto en el ámbito penal como administrativo.
Medidas federales y reactivación comercial
Rodríguez Díaz de León señaló que la presencia de las fuerzas federales en Cuautla forma parte del denominado Plan Cuautla, programa con el que se busca restablecer la seguridad y la confianza de los comerciantes y la población. Como resultado de las acciones, varios negocios han comenzado a ampliar nuevamente sus horarios de atención, superando la restricción no oficial que obligaba a cerrar a las 17:00 horas por temor a represalias o violencia.
Las autoridades enfatizaron que el proceso para erradicar estas prácticas será gradual y que la permanencia de operativos en la zona es clave para consolidar la pacificación y evitar la reaparición de esquemas similares.
Impacto en el comercio local
Comerciantes afectados por clausuras y las exigencias económicas sufren pérdidas directas por la interrupción de sus actividades y por la imposición de pagos extorsivos. Además de la merma en ingresos, la coerción para pagar impone un riesgo económico y físico que desalienta la inversión y la apertura de negocios en la localidad.
La revelación de estas prácticas públicas compromete la confianza ciudadana en la administración municipal y genera cuestionamientos sobre los mecanismos internos de control y fiscalización en el ayuntamiento de Cuautla.
Procedimiento de investigación y sanciones potenciales
Según la SSPC, las indagatorias incluyen la recopilación de evidencia documental y testimonios de comerciantes que reportaron clausuras injustificadas y los cobros condicionados. El objetivo es integrar carpetas de investigación que permitan formular imputaciones y facilitar sanciones administrativas y penales contra los presuntos responsables.
Las autoridades no han difundido fecha de detenciones ni los cargos concretos que se imputarán; tampoco se ha precisado si ya existen órdenes de aprehensión en trámite. El avance de las investigaciones dependerá de las pruebas que aporten las personas afectadas y de las acciones de las fiscalías competentes para ejercer la acción penal.
Recomendaciones y pasos próximos
Ante estos hechos, la autoridad federal reforzó la presencia en el territorio y anunció que mantendrá operativos para garantizar el libre ejercicio de la actividad comercial. También instó a los comerciantes a presentar las denuncias correspondientes para poder documentar cada caso y facilitar las sanciones.
- Qué se reportó: clausuras sin sustento legal y exigencia de pago hasta 200,000 pesos.
- Acción federal: puesta en marcha del Plan Cuautla y operativos permanentes.
- Objetivo: recuperar horarios comerciales, detener las extorsiones y deslindar responsabilidades penales y administrativas.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Monto máximo reportado | 200,000 pesos |
| Hora límite impuesta por temor | 17:00 horas |
| Responsable de la información | SSPC - Luis Rodríguez Díaz de León |
Las investigaciones continúan y las autoridades federales anunciaron que actuarán con la documentación necesaria para fincar responsabilidades. La ciudadanía y los comerciantes de Cuautla esperan avances claros que permitan restablecer la normalidad y sancionar a quienes abusaron del poder en perjuicio de la actividad económica local.
