La quema de patrullas ocurrida en la ranchería La Azucena, municipio de Cardenas, se ha convertido en un reflejo de la tensión social que atraviesan comunidades de la entidad, según dirigentes políticos locales y autoridades estatales. Los hechos, ocurridos tras la muerte de un vecino identificado como Gabriel Osorio, han motivado tanto acusaciones de violencia institucional como advertencias sobre la posible participación de grupos delictivos.
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, Rafael Acosta León, señaló que lo sucedido en la zona —donde pobladores incendiaron unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— es producto de un “hartazgo social” generado por prácticas presuntamente irregulares en operativos y retenes.
“Lo que pasó en la zona de la Costa Chica, en Las Azucenas, es producto del hartazgo social que hay en Tabasco... empezaron a extorsionar a la gente, pero pues no conocen a la gente de Cárdenas, la gente de Cárdenas es un pueblo aguerrido”, afirmó Acosta León en su respuesta pública.
Demandas de transparencia e investigación interna
El líder perredista exigió al gobierno estatal y a la Fiscalía General que informen sin ocultamientos sobre los operativos realizados antes, durante y después del incidente en La Azucena, y solicitó una indagatoria al interior de la corporación policíaca para atender señalamientos de la población sobre posibles malas prácticas. En su comunicado, el PRD pidió además que el Ejecutivo estatal se abstenga de tomar represalias contra los habitantes de la comunidad y exhortó a la población a evitar provocaciones que podrían derivar en acciones legales en su contra.
- Transparencia: pedir acceso público a la información de los operativos.
- Investigación interna: revisar conductas y procedimientos de los elementos involucrados.
- Protección ciudadana: evitar acciones punitivas contra la comunidad mientras se esclarece el caso.
Versión oficial: posible participación de grupo delictivo
Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, señaló que los responsables de los disturbios y la quema de patrullas de la Guardia Estatal en La Azucena podrían tener vínculos con un grupo delictivo. El mandatario relacionó los hechos con una persecución previa en la que una persona perdió la vida tras caer de la motocicleta en la que viajaba, y anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.
May Rodríguez sostuvo que las agresiones contra los elementos fueron presuntamente incitadas por personas vinculadas a esa organización, aunque matizó que las investigaciones continúan y que se darán a conocer resultados en su momento. También enfatizó la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia y reiteró el compromiso de su administración con programas de prevención dirigidos a jóvenes, así como acciones de desarme y atención a familias.
| Actor | Posición principal |
|---|---|
| PRD (Rafael Acosta León) | Hartazgo social; exigir transparencia y evitar represalias |
| Gobernador Javier May Rodríguez | Presunta participación de grupo delictivo; investigación en curso |
Impacto en la comunidad de Cardenas
Los hechos en La Azucena reavivan preocupaciones locales sobre el uso de retenes y la relación entre cuerpos de seguridad y ciudadanía. Según las declaraciones públicas, los retenes señalados por Acosta León habrían sido percibidos por la población como focos de extorsión más que como mecanismos de vigilancia, lo que alimentó el descontento que desembocó en el incendio de patrullas.
La combinación de versiones —una que plantea un reclamo ciudadano por presuntas malas prácticas en fuerzas de seguridad, y otra que apunta a la intervención de grupos delictivos para incitar violencia— complica la lectura de los hechos para los habitantes de Cardenas, quienes exigen respuestas claras y garantías de seguridad y justicia.
Mientras la Fiscalía y las autoridades estatales avanzan en las indagatorias, líderes políticos y representantes comunitarios piden que los procesos se conduzcan con prontitud y transparencia, sin criminalizar colectivamente a la población de La Azucena ni a otras comunidades de Cardenas que observan con preocupación el desarrollo de la investigación.
