El gobierno de Chiapas enviará funcionarios a la capital de Oaxaca para participar en una reunión con autoridades de ese estado y representantes federales, con el objetivo de dar atención institucional al conflicto limítrofe que involucra a comunidades de los Chimalapas. La determinación se tomó después de denuncias sobre la presencia de la Guardia Nacional de Chiapas en zonas en disputa, lo que elevó la preocupación por posibles enfrentamientos.
Diálogo como vía preferente
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, confirmó la convocatoria a un encuentro programado para el martes, donde participarán la titular de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, y representantes de la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Las autoridades buscan encauzar el conflicto por las vías institucionales y evitar que la tensión derive en violencia.
Romero López recordó que la problemática tiene raíces complejas: existe un entramado comunitario de colindancias y, además, hay sentencias y procesos agrarios que permanecen en litigio. En ese contexto, cualquier ingreso de fuerzas de seguridad a territorios con conflicto puede interpretarse de múltiples formas por las comunidades afectadas.
“No hay que olvidar que hay un entramado comunitario de colindancias entre nuestro estado y el Estado vecino... cualquier intromisión de un cuerpo de seguridad en zonas de conflictividad implican distintos mensajes, por eso queremos platicar muy claramente con el Estado vecino de Chiapas”.
Posturas y riesgo de confrontación
Desde San Miguel Chimalapas, comuneros denunciaron la irrupción de elementos de la Guardia Nacional provenientes de Chiapas en el área en disputa. Ante ello, las autoridades oaxaqueñas han insistido en privilegiar el diálogo y las instituciones para la resolución de desacuerdos, evitando medidas que puedan escalar en violencia entre poblaciones que reclaman territorio y derechos ancestrales.
Respecto a la presión que algunas voces han ejercido sobre la comunidad de Díaz Ordaz —a quienes han emplazado a definir si se retiran de la porción de terreno que reclaman como oaxaqueña—, el secretario Romero López consideró que esos llamados no son vías apropiadas para la resolución de este tipo de conflictos.
Participantes y objetivos de la reunión
La cita pretende ser un espacio para aclarar posturas institucionales y buscar acuerdos que reduzcan tensiones en el terreno. Entre los objetivos anunciados están:
- Establecer canales claros de comunicación entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas.
- Coordinar la intervención federal para garantizar la seguridad y evitar confrontaciones.
- Reafirmar que los mecanismos legales y de diálogo son la ruta para resolver límites y conflictos agrarios.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fecha prevista | Martes (fecha de la reunión) |
| Sede | Palacio de Gobierno de Oaxaca |
| Participantes | Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobierno de Chiapas, Secretaría de Gobernación federal |
Contexto regional y jurídico
El conflicto entre comunidades de la región de los Chimalapas tiene una larga trayectoria histórica, marcada por reclamos de territorio vinculados a derechos ancestrales de pueblos originarios y a sentencias agrarias que no siempre han resuelto las disputas en lo práctico. La presencia de cuerpos de seguridad en zonas en disputa suele generar desconfianza y puede tensar las relaciones comunitarias, por lo que las autoridades locales y federales intentan evitar acciones unilaterales que agraven el problema.
El secretario de Gobierno reiteró que la instrucción del gobernador es privilegiar el diálogo con ambas comunidades —Santa María y San Miguel— y operar dentro de los marcos legales y de paz. Según sus declaraciones, esa es la ruta para “recomponer la ruta” y disminuir la posibilidad de enfrentamientos.
Implicaciones para la población
Las tensiones territoriales tienen efectos directos en la vida cotidiana de las comunidades: limitan el acceso a recursos, generan movilizaciones y pueden afectar la seguridad y la economía local. Las autoridades sostienen que la coordinación interinstitucional buscará contener riesgos inmediatos y ofrecer cauces para la resolución a mediano plazo.
La reunión en Oaxaca será seguida de cerca por autoridades municipales, comuneros y observadores de derechos humanos, así como por los gobiernos estatal y federal, que tendrán la responsabilidad de asegurar que los acuerdos no queden en promesas y se traduzcan en medidas concretas para la protección de las comunidades y sus territorios.
Este medio continuará con la cobertura del proceso y documentará cualquier avance o nuevo llamado a la movilización en la región de los Chimalapas.
