Autoridades federales y estatales realizaron la detención de un hombre en el municipio de Huajicori, Nayarit, en un operativo del que se reportó el aseguramiento de armas, equipo táctico y un dispositivo inhibidor de drones. El hallazgo ha llamado la atención por las capacidades técnicas del aparato y por el estatus legal de este tipo de equipos en México.
Qué tipo de dispositivo se encontró
En el reporte oficial y en las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se aprecia un equipo que coincide con las características de un sistema portátil tipo pistola diseñado para la detección, localización e inhibición de drones (C-UAS, por sus siglas en inglés). Fuentes abiertas señalan que el diseño corresponde a modelos comercializados por la empresa china Tatusky Technology Co., Limited, fabricante fundada en Shenzhen que ofrece equipos de comunicación y seguridad.
Estos aparatos, conocidos también como jammers, actúan interrumpiendo señales de radiofrecuencia y/o GPS para obligar al aeronave no tripulado a perder enlace con su operador o a realizar un aterrizaje forzado en el área de intervención.
Cómo funciona un inhibidor antidrones
Según la información técnica publicada por el fabricante, el equipo integra funciones de detección (identificación del dron), medición direccional y contramedidas que pueden activar el «ahuyentamiento» o el aterrizaje forzoso del vehículo aéreo. En palabras del propio proveedor:
“Al detectar y fijar la dirección del dron objetivo, puede activar inmediatamente el modo de contramedida (ahuyentamiento o aterrizaje forzoso) para neutralizarlo eficazmente”.
En términos generales, un inhibidor emite ondas electromagnéticas direccionales que interfieren las comunicaciones entre el dron y su control remoto, así como las señales de posicionamiento por satélite.
Uso previsto y restricciones legales
El fabricante describe el aparato como dirigido a instalaciones con requisitos elevados de seguridad, como aeropuertos, centros penitenciarios y fronteras. No obstante, en México la posesión y uso de inhibidores de frecuencia por parte de la población civil está prohibida, debido a los riesgos que representan para la navegación aérea, las comunicaciones y los servicios de emergencia.
En el comunicado sobre los resultados del operativo se añadió que el valor en el mercado del equipo podría superar los 75,000 pesos, aunque ese dato proviene de estimaciones y referencias comerciales y no de una valuación oficial hecha por las autoridades en el lugar del aseguramiento.
Elementos asegurados
Además del inhibidor, las autoridades reportaron el hallazgo de armas y de equipo táctico, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre la naturaleza exacta de las armas, la identidad plena del detenido o las imputaciones que se le podrían formular. El Gabinete de Seguridad difundió imágenes como parte de su reporte diario de resultados.
- Ubicación: Huajicori, Nayarit.
- Equipo destacado: inhibidor de drones tipo pistola, presuntamente de la marca Tatusky.
- Otros aseguramientos: armas y equipo táctico.
- Situación legal: inhibidores están prohibidos para civiles en México.
Riesgos e implicaciones
El empleo ilícito de este tipo de dispositivos puede interferir con operaciones aeronáuticas y con las comunicaciones de emergencias, además de ofrecer una ventaja operativa a grupos que busquen evadir vigilancia. Por ello las autoridades han reforzado la vigilancia y las sanciones en torno a su comercialización y posesión fuera de los canales autorizados.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Función | Detección, localización e inhibición de drones (C-UAS) |
| Origen | Modelo comercializado por empresa china (Tatusky) |
| Precio estimado | Superior a 75,000 pesos (estimación comercial) |
Las investigaciones continúan para determinar el destino previsto del equipo y si hubo una red de adquisición o tráfico de dispositivos similares en la región. Las autoridades federales y estatales mantienen las indagatorias y no han proporcionado hasta ahora información adicional sobre el proceso legal en curso ni sobre posibles vinculaciones del detenido con grupos delictivos.
Desde el ámbito local, el aseguramiento reaviva el debate sobre el control de tecnología sensible y la necesidad de mecanismos de fiscalización más rígidos para evitar su uso indebido en zonas pobladas y en cercanía de infraestructuras críticas.
