En Apizaco, un grupo de jóvenes emprendedores y pequeños comerciantes que utilizan redes sociales para vender y entregar mercancía denuncian una nueva práctica de fiscalización municipal que, aseguran, criminaliza su forma de subsistencia. Durante agosto de 2026 el Ayuntamiento empezó a repartir notificaciones en el centro de la ciudad que obligan a quienes sólo acuden a puntos intermedios para recoger o entregar productos a retirarse bajo el argumento de no contar con permiso para vender en la vía pública.
De la venta por redes a la notificación municipal
Los afectados —jóvenes y comerciantes que coordinan ventas mediante Facebook y WhatsApp— explican que no instalan puestos ni permanecen en el lugar; sus maniobras son transitorias y duran apenas minutos. Aun así, inspectores municipales les han presentado un oficio, fechado en agosto de 2026, que fundamenta el procedimiento en la Constitución, la Ley Municipal y el Bando de Policía para exigir su retiro.
El documento, según quienes lo difundieron públicamente, advierte con claridad la sanción: en caso de no obedecer la instrucción, el ciudadano podría ser sujeto a una multa y al decomiso inmediato de su mercancía. La notificación aparece firmada por Benito Ricardo Rojas Saldaña, identificado en el oficio como Coordinador de Comercio en Vía Pública.
"Ejercer comercio en vía pública"
Ese término, presente en la notificación, es el eje del conflicto. Los afectados sostienen que su actividad no encaja en la definición tradicional de comercio ambulante porque se trata de entregas pactadas previamente y no de la colocación de un puesto de venta. Por ello reclaman que la medida no sólo afecta la informalidad tradicional, sino a quienes hoy recurren a plataformas digitales para subsistir.
Reacciones y acusaciones
La aparición de las notificaciones provocó malestar ciudadano y críticas hacia la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Rivera Bonilla. Vecinas y vecinos consultados en redes sociales calificaron la acción como un hostigamiento institucional que ataca a los más vulnerables económicamente y que, además, carece de transparencia en cuanto a su fundamento legal.
- Usuarios afectados: jóvenes y pequeños comerciantes que coordinan entregas rápidas en el centro.
- Acción municipal: notificación para retirarse por no contar con permiso para "ejercer comercio en vía pública"; amenaza de sanción y decomiso.
- Firmante del oficio: Benito Ricardo Rojas Saldaña, Coordinador de Comercio en Vía Pública.
Hasta el momento la administración municipal no ha aclarado públicamente si existe un marco jurídico que obligue a tramitar un permiso por una entrega puntual o si la medida obedece a criterios de orden público o a una estrategia de recaudación. La ausencia de esa explicación ha alimentado sospechas de que la actuación municipal persigue un fin distinto a la regulación del espacio público.
Consecuencias locales
Fuentes de la comunidad emprendedora en Apizaco señalan riesgos concretos: pérdida de ingreso para personas que no cuentan con empleo formal, interrupción de cadenas de ventas locales y la posibilidad de confrontaciones con inspectores que podrían derivar en decomisos. Sin una aclaración oficial, la medida genera incertidumbre sobre qué actividades digitales serán permitidas en el centro y cuáles serán sancionadas.
| Elemento | Dato conocido |
|---|---|
| Fecha del oficio | Agosto de 2026 |
| Firmante | Benito Ricardo Rojas Saldaña |
| Autoridad municipal | Ayuntamiento de Apizaco (presidido por Javier Rivera Bonilla) |
La medida también pone en tensión la transición de actividades económicas informales hacia mecanismos digitales: muchos vendedores han encontrado en las redes una vía para escapar de intermediarios y llegar directamente a consumidores. Restringir ahora esos puntos de encuentro sin ofrecer alternativas reguladas o mecanismos de apoyo podría empujar a estas personas a situaciones de mayor precariedad.
Lo que piden los afectados
Quienes se han visto notificados demandan claridad jurídica, criterios proporcionales en la inspección y, sobre todo, espacios regulados que permitan la entrega transitoria de productos sin la carga de permisos pensados para el comercio ambulante tradicional. Señalan la necesidad de mesas de diálogo con la autoridad para definir reglas que reconozcan la naturaleza de la venta por redes y protejan tanto el orden urbano como el derecho a la actividad económica.
Por ahora, la falta de una respuesta oficial amplia deja en la incertidumbre a quienes recurren a las entregas rápidas como fuente de ingresos. El debate en Apizaco se plantea entre la regulación del espacio público y la protección de formas emergentes de economía local que sobreviven en los márgenes de la formalidad.
