El Ayuntamiento de Tarragona plantea endurecer la fiscalidad sobre los pisos turísticos con el objetivo declarado de favorecer el alquiler residencial y facilitar el acceso a la vivienda. El gobierno municipal llevará a aprobación en un pleno extraordinario, previsto para el próximo 26 de octubre, una modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que contempla aplicar recargos de hasta el 150% a los inmuebles usados como alojamientos turísticos.
Objetivo: desincentivar el uso turístico de viviendas
Según la propuesta, el consistorio pretende aplicar los porcentajes máximos autorizados por la nueva normativa estatal para que los pisos destinados a alquiler turístico asuman un mayor coste fiscal. La intención que explican fuentes del gobierno local no es esencialmente recaudatoria, sino incidir sobre la oferta disponible para que más viviendas regresen al mercado de alquiler habitual y así mejorar la accesibilidad para quienes viven en la ciudad.
«La vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y las administraciones tenemos la obligación de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para facilitar el acceso a ella. Esta medida no busca recaudar más, sino incentivar que las viviendas se destinen a vivir en ellas»,
La frase procede de la concejala de Hacienda, Isabel Mascaró, quien ha defendido que la iniciativa responde a la necesidad de compatibilizar la actividad turística con las demandas residenciales. Mascaró ha subrayado la búsqueda de un equilibrio: que Tarragona siga siendo atractiva para el turismo, pero que «sobre todo siga siendo una ciudad donde la gente pueda vivir».
La medida en el marco de una estrategia fiscal más amplia
El recargo propuesto se enmarca en una estrategia municipal más amplia para ampliar la oferta de vivienda asequible. En ese paquete de medidas ya aprobado o en estudio se incluyen incentivos para la vivienda protegida y cambios fiscales dirigidos a promover promociones de vivienda dirigida a residentes.
- Bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para promociones de vivienda protegida.
- Recargos de hasta el 150% del IBI para inmuebles destinados a alojamiento turístico.
- Estudio de modificaciones relacionadas con el impuesto de plusvalía para evitar prácticas especulativas.
El Ayuntamiento ya ha aprobado bonificaciones del IBI para viviendas de protección oficial y ahora pretende complementar esas medidas con incentivos a la promoción y fiscalidad que desincentive la conversión de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos. La combinación de recargos e incentivos busca actuar sobre la oferta y la demanda del mercado local sin recurrir únicamente a medidas de contención de precios.
Consecuencias y debate público
De aprobarse, el recargo podría alterar las decisiones de propietarios e inversores que explotan pisos como alojamientos turísticos, incentivando la reincorporación de unidades al alquiler tradicional o su venta para usos residenciales. No obstante, la medida también plantea incógnitas sobre su eficacia práctica y el posible traslado del coste a usuarios finales o a intermediarios.
El anuncio llega en un momento en que muchas ciudades españolas lidian con la tension entre turismo y vivienda, aplicando diversas herramientas fiscales y normativas. En Tarragona, la propuesta se someterá a debate en el pleno extraordinario, donde se espera que partidos, asociaciones vecinales y el sector del alojamiento turístico expresen sus posiciones.
| Medida | Porcentaje / Estado |
|---|---|
| Recargo IBI para pisos turísticos | Hasta 150% (propuesta) |
| Bonificación ICIO para vivienda protegida | 95% (aprobada/prevista) |
El debate en torno a la medida pondrá a prueba la capacidad del gobierno municipal para combinar políticas fiscales con objetivos de vivienda y desarrollo urbano sin generar efectos secundarios no deseados. El pleno del 26 de octubre será la primera cita formal en la que la propuesta se someta a votación, y de su resultado dependerá el calendario de implantación y los desarrollos reglamentarios posteriores.
La iniciativa municipal añade un elemento fiscal directo a la batería de políticas locales sobre vivienda, sumándose a las actuaciones de fomento de vivienda protegida y a las posibles revisiones del impuesto de plusvalía destinadas a limitar la especulación inmobiliaria.
