La convocatoria pública de 2026 prioriza el empoderamiento y la prevención de la violencia de género
La Diputación de Cádiz ha hecho pública la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Igualdad del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad para 2026, dotada con 520.000 euros. La línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, financia proyectos impulsados por asociaciones de mujeres, colectivos LGTBI y otras organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan la igualdad y la prevención de la violencia de género en la provincia.
Según la publicación en el tablón oficial de la institución, un total de 151 entidades resultan beneficiarias de estas subvenciones: 59 corresponden a asociaciones y federaciones de mujeres; ocho, a asociaciones LGTBI; y 84, a otras organizaciones que integran en sus fines la defensa de los derechos LGTBI, la prevención de la violencia de género o la promoción de la igualdad y que cumplen los requisitos de la convocatoria.
«El tablón de anuncios de la Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Igualdad»
La convocatoria incluye tres líneas diferenciadas en función de la naturaleza y alcance de los proyectos presentados. Las dos primeras concentran las mayores cuantías, otorgándose importes máximos que han llegado hasta 11.014,51 euros para iniciativas lideradas por asociaciones de mujeres, 6.615,73 euros para proyectos de colectivos LGTBI y un importe máximo de 2.000 euros para otras entidades.
| Concepto | Datos |
|---|---|
| Total presupuestado | 520.000 € |
| Entidades beneficiarias | 151 (59 asociaciones de mujeres, 8 LGTBI, 84 otras) |
| Máximo subvención por proyecto | 11.014,51 € (asociaciones de mujeres) |
| Máximo subvención colectivos LGTBI | 6.615,73 € |
| Máximo subvención otras entidades | 2.000 € |
Áreas de actuación y complementos a programas locales
Las subvenciones están dirigidas a financiar proyectos que aborden, de manera explícita, distintas dimensiones de la igualdad: promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; empoderamiento y participación social de la mujer; formación y liderazgo femenino; prevención de la violencia de género; apoyo a mujeres del medio rural; inserción sociolaboral y emprendimiento femenino; atención a mujeres con discapacidad o en situación de vulnerabilidad; y promoción de la salud y el bienestar.
Además de esta convocatoria para entidades, desde el Servicio de Igualdad se mantienen otras líneas de apoyo destinadas a ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades con el objetivo de complementar y coordinar iniciativas que fomenten valores de igualdad en el conjunto de la provincia.
- Refuerzo de programas de prevención de la violencia de género a nivel municipal y comarcal.
- Promoción del liderazgo y la formación para la inserción laboral de mujeres.
- Apoyo específico a colectivos LGTBI y a mujeres en situación de vulnerabilidad.
La distribución presupuestaria refleja la intención de la Diputación por garantizar una cobertura plural de proyectos: desde intervenciones de mayor envergadura a cargo de asociaciones consolidadas hasta pequeñas iniciativas impulsadas por entidades locales o grupos emergentes con limitados recursos económicos.
La resolución, publicada en el tablón oficial, establece los criterios y los importes asignados por proyecto, y supone para muchas asociaciones y colectivos de la provincia una pauta de financiación que permitirá mantener, ampliar o iniciar programas vinculados a la igualdad y a la prevención de la violencia de género durante el próximo ejercicio.
La comunicación oficial de la Diputación subraya asimismo que esta convocatoria complementa otros apoyos económicos y técnicos ofrecidos por el Servicio de Igualdad, con la finalidad de articular una red de recursos locales que impulse la igualdad de oportunidades y garantice la atención a colectivos en riesgo de exclusión o discriminación.
La puesta en marcha y ejecución de los proyectos subvencionados serán ahora responsabilidad de las entidades beneficiarias, que deberán justificar el uso de los fondos conforme a la normativa establecida en la convocatoria y a los plazos fijados por la institución provincial.
