Un juez ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 59 años detenido por el homicidio de su pareja, una mujer de 35 años, ocurrido el pasado domingo en el núcleo de población de San Pedro Alcántara (Marbella).
Situación procesal y competencia
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio. La sesión en la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, que actuó en funciones de guardia, se limitó a las cuestiones procesales: el investigado respondió únicamente a las preguntas de su abogado defensor durante dicha comparecencia.
El juez de guardia ha acordado inhibirse en favor de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción, que, al haber estado de guardia en el momento del suceso, será la encargada de culminar la instrucción judicial del caso.
Identidad de la víctima y calificación del hecho
Las diligencias se han abierto como homicidio y no como un procedimiento específico por violencia de género. Fuentes judiciales han explicado que la víctima, aunque vivía y se identificaba como mujer, no constaba inscrita con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, requisito legal que condiciona la tramitación de los procedimientos de violencia de género según la normativa vigente.
Este dato administrativo determina en este momento la competencia y la nomenclatura procesal, si bien ha provocado reacciones de colectivos que reclaman que el caso sea reconocido institucionalmente como un crimen de violencia machista.
Reacciones de colectivos trans
La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido que este asesinato «sea reconocido y tratado institucionalmente como lo que es, el asesinato de una mujer a manos de su pareja y, por tanto, un crimen de violencia machista». En un comunicado, ATA ha subrayado que la víctima «fue víctima de una cadena de violencias» y ha criticado que la ausencia de adaptación documental, vinculada a demoras administrativas, no debería condicionar el reconocimiento de su condición de mujer tras su muerte.
«Era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer», ha afirmado Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.
La asociación ha recordado además que la Ley 4/2023 reconoció el derecho de las personas trans extranjeras a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, y que el desarrollo del procedimiento para materializar ese derecho por parte de Interior y la Policía no se estableció hasta el 13 de julio de 2026, lo que, en su opinión, ha generado una «discordancia documental» que no debe servir para negar la condición femenina de la víctima.
Recursos y atención a víctimas
En relación con la atención a víctimas de violencia machista, las fuentes judiciales han recordado que el teléfono 016 ofrece atención las 24 horas en 52 idiomas, además del correo 016-online@igualdad.gob.es. También se facilita atención por WhatsApp en el número 600 000 016 y los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el teléfono 900 20 20 10. En caso de emergencia hay que llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), o usar la aplicación ALERTCOPS para enviar una señal geolocalizada a las fuerzas de seguridad.
- Ingreso en prisión: provisional, comunicada y sin fianza para el detenido de 59 años.
- Calificación provisional: homicidio, instruido inicialmente por la plaza 2 de la Sección de Instrucción de Marbella.
- Reclamación social: colectivos trans piden que se reconozca como violencia machista.
| Teléfono/Servicio | Contacto |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Policía Nacional | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| 016 (atención víctimas) | 016 / 016-online@igualdad.gob.es |
| WhatsApp 016 | 600 000 016 |
| Fundación ANAR (menores) | 900 20 20 10 |
La causa sigue su tramitación en los juzgados de Marbella y la instrucción continuará, a partir de ahora, por la plaza que asumirá la investigación. El avance judicial y cualquier decisión sobre la posible calificación como violencia de género dependerán de las diligencias que practiquen los órganos encargados de la investigación y de la documentación que pueda acreditarse durante el proceso.
La muerte en San Pedro Alcántara ha sacado a la luz, además del dramatismo del caso, el debate sobre el tratamiento institucional de las víctimas trans en situaciones de violencia y las lagunas administrativas que, según algunas asociaciones, condicionan el acceso a derechos y reconocimientos.
