La Audiencia Provincial de Cádiz ha fijado para los días 22 y 23 de septiembre la vista oral por el accidente ocurrido en octubre de 2023 en la avenida de Las Cortes, en el que cuatro personas perdieron la vida al ser arrolladas por un autobús. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para el conductor y para el dueño de la empresa de autocares implicada, además de la inhabilitación profesional y el abono de indemnizaciones que superan los 500.000 euros.
Hechos y víctimas
Según el escrito de la acusación pública, en el siniestro fallecieron prácticamente en el acto tres personas, de 17, 19 y 60 años, y otra persona de 86 años murió días después en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Puerta del Mar, donde permanecía ingresada tras el impacto.
La Fiscalía califica los hechos como cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y atribuye responsabilidades tanto al conductor como al gerente de la compañía Medina Travel Bus, sociedad dedicada al transporte de viajeros y titular de la flota a la que pertenecía el vehículo siniestrado.
Acusaciones contra la empresa y el conductor
El fiscal sostiene que el gerente de la empresa no sólo es el titular y administrador de la sociedad, sino quien "toma todas las decisiones" relativas a los vehículos. En el escrito de acusación se indica que el autobús implicado, un Iribus Andecar V matriculado en 2007, de 12,20 metros y capacidad para 57 pasajeros, arrastraba anomalías en el sistema de frenado desde 2021.
La Fiscalía afirma que dichas deficiencias fueron objeto de reparaciones orientadas a obtener informes favorables para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en vez de acometer una corrección integral que garantizara la seguridad real del vehículo. Sobre el conductor pesa la acusación de haber circulado distraído y a una velocidad que se considera excesiva, además de no haber respetado los descansos reglamentarios.
«Ese autobús —implicado en el siniestro mortal— venía arrastrando anomalías en el sistema de frenado desde el año 2021», señala el escrito de la acusación pública.
Consecuencias penales y civiles reclamadas
Además de las penas de prisión —cinco años para cada uno de los acusados—, el fiscal solicita la inhabilitación para ejercer como conductor profesional en el caso del chófer y la inhabilitación para ejercer como empresario del transporte en el caso del gerente por un periodo de ocho años. Las indemnizaciones solicitadas por la Fiscalía superan los 500.000 euros en su conjunto para las personas perjudicadas.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Fechas de la vista | 22 y 23 de septiembre |
| Penas solicitadas | 5 años de prisión; 8 años de inhabilitación |
| Víctimas fallecidas | Edades: 17, 19, 60 y 86 años |
| Indemnizaciones | Más de 500.000 euros |
Relevancia para Cádiz y expectativas
El señalamiento de la vista oral supone un avance procesal relevante en una causa que mantiene en la ciudad la atención por la gravedad del siniestro y por las cuestiones que plantea sobre la gestión y seguridad del transporte de viajeros. La Fiscalía centra su acusación en elementos técnicos —deficiencias en el sistema de frenado y actuaciones de mantenimiento relacionadas con la ITV— y en fallos en la conducta profesional del conductor.
- La celebración de la vista permitirá escuchar a las partes personadas, peritos y testigos en sede judicial.
- De acreditarse las imputaciones, podrían imponerse penas de prisión, inhabilitación y elevadas indemnizaciones.
- El procedimiento abrirá además un espacio para revisar prácticas de seguridad en empresas de transporte locales.
La fijación de las fechas marca el inicio de una fase decisiva del proceso que deberá clarificar responsabilidades penales y civiles, y que condicionará la respuesta administrativa y empresarial en materia de mantenimiento y control de la flota de autocares en la provincia.
Corresponsal en Cádiz, WE NEWS.
