Marbella.- La Policía Nacional detuvo el lunes a un hombre de 59 años como presunto autor del apuñalamiento que costó la vida a su pareja, una mujer trans de 35 años, cuyo cuerpo fue localizado en una vivienda del núcleo de San Pedro Alcántara. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el arresto se produjo después de que el sospechoso reconociera ante los agentes haber cometido los hechos a su llegada al domicilio.
Antecedentes y trámite judicial
El TSJA ha informado de que ambos, agresor y víctima, habían presentado con anterioridad una denuncia por una supuesta agresión mutua. La denuncia se cursó el pasado 1 de agosto, y ambos fueron conducidos detenidos ante la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. No obstante, ninguno de los dos ratificó la denuncia, por lo que las diligencias urgentes incoadas en aquel momento fueron archivadas.
Los hechos luctuosos tuvieron lugar el domingo y la detención del presunto homicida se produjo el día siguiente, tras la confesión a la llegada de la policía. El caso ha sido remitido al juzgado de instrucción competente en Marbella para la apertura de la investigación penal.
Violencia doméstica y consideración jurídica
El TSJA ha precisado que la causa se instruye por el juzgado de instrucción ordinario y no por el juzgado de violencia sobre la mujer. La razón es que la víctima no constaba inscrita en el Registro Civil con el cambio registral de sexo, por lo que, a efectos formales, no había adquirido la condición que permite derivar la competencia a la jurisdicción específica de violencia de género.
En este sentido, fuentes policiales consultadas por EFE señalaron que al no haberse iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo la investigación se tramita en el ámbito de la violencia doméstica en lugar de la de violencia de género, tal y como se había apuntado en primeras informaciones.
«No hay dos víctimas iguales ni se puede generalizar», indicó el Ministerio de Igualdad sobre la necesidad de analizar cada caso de forma singularizada.
Posición de las autoridades
El TSJA ha añadido que los juzgados de Marbella «no ordenaron en ningún momento la exclusión de la mujer fallecida de los registros de víctimas de violencia de género (Viogén) dado que se trata de un registro policial». Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han señalado a EFE que el respeto a las víctimas exige un análisis pormenorizado de las circunstancias de cada caso, evitando generalizaciones.
La referencia normativa que ha motivado parte del debate público es la Ley 4/2023, de 28 de febrero, destinada a la igualdad real y efectiva de las personas trans y a la garantía de sus derechos, cuya aplicación y efectos registrales están ahora presentes en el tratamiento procesal de este tipo de sucesos.
Situación procesal y consecuencias locales
El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de que el juzgado de instrucción que conoce del asunto adopte las medidas procesales oportunas. La calificación jurídica definitiva del delito, la práctica de diligencias y la toma de declaración de testigos y peritos esclarecerán la mecánica de los hechos y la posible existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.
En Marbella, el suceso ha reabierto el debate sobre la protección de víctimas trans y el funcionamiento de los registros y procedimientos que determinan la competencia judicial en casos de violencia doméstica y de género. Las autoridades locales y provinciales están llamadas a coordinar respuesta asistencial y jurídica en este y otros incidentes de naturaleza similar.
Cronología (datos conocidos)
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 1 de agosto | Denuncia por supuesta agresión mutua; diligencias archivadas al no ratificarse. |
| Domingo (fecha del suceso) | Ocurre el apuñalamiento en una vivienda de San Pedro Alcántara. |
| Lunes | Detención del hombre de 59 años tras confesar a la policía. |
- El arrestado tiene 59 años; la víctima, 35 y era una mujer trans.
- La investigación será instruida por el juzgado de instrucción de Marbella.
- La tramitación ha quedado en el ámbito de violencia doméstica por la situación registral de la víctima.
La investigación continúa abierta y las autoridades judiciales informarán sobre nuevas diligencias o decisiones procesales. La repercusión social del suceso subraya la necesidad de una atención especializada y coordinada para las víctimas de violencia en todas sus modalidades.
