Un caso judicial ocurrido en Uruguay, donde más de un año después de presentada una denuncia por presunto abuso sexual a dos menores aún no se han practicado las pericias psicológicas ordenadas por la justicia, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la rapidez en la respuesta institucional ante hechos que afectan a la infancia. La situación, denunciada por la abogada de la familia, ha suscitado inquietud en especialistas y organizaciones que trabajan en la protección de menores, y plantea preguntas que también interesan a la población de Dos Hermanas.
Hechos y estado del proceso
La denuncia fue presentada el 15 de septiembre de 2025 por una mujer residente en Barros Blancos, según el relato publicado por medios uruguayos. Las presuntas víctimas son dos niñas de 9 y 3 años. La investigación está a cargo de la Fiscalía de 2º Turno, dirigida por la fiscal doctora Saavedra.
Entre las actuaciones realizadas figuran entrevistas con la madre, el seguimiento por parte de una trabajadora social y la incorporación de un informe remitido por el centro educativo al que asiste la niña mayor. No obstante, permanece pendiente la realización de las pericias psicológicas ordenadas por la justicia y que debe efectuar el Instituto Técnico Forense (ITF), según explicó la abogada de la denunciante, Florencia Bielli.
“Hace más de un año de la denuncia, hace más de un año la situación, estamos a la espera de la pericia”,
manifestó la letrada en declaraciones recogidas por la prensa uruguaya y reproducidas en informes posteriores.
Consecuencias y preocupaciones expresadas
La demora en la realización de las pericias suscita dos tipos de preocupaciones principales: su impacto procesal y su efecto en la salud mental de las menores. Bielli destacó que las pericias psicológicas son «uno de los principales puntos de demora» y subrayó la relevancia de estos informes para el avance y resolución de investigaciones por delitos sexuales contra menores.
En lo referente a la salud, las menores están recibiendo actualmente tratamientos psicológicos y psiquiátricos. La abogada advirtió que prolongar la espera para las pericias puede conducir a una revictimización, al obligar a las niñas a revivir los hechos durante el proceso investigativo y judicial.
- Plazo desde la denuncia: más de un año desde el 15 de septiembre de 2025.
- Pericias pendientes: evaluaciones psicológicas ordenadas al Instituto Técnico Forense (ITF).
- Situación clínica: las menores reciben atención psicológica y psiquiátrica.
Implicaciones para Dos Hermanas
Aunque los hechos ocurrieron en Uruguay, el caso plantea reflexiones relevantes para la ciudadanía y las autoridades de Dos Hermanas sobre la protección de la infancia y la eficiencia de los recursos forenses y judiciales. Entre los asuntos que surgen están la necesidad de:
- garantizar la celeridad en la práctica de pericias y pruebas que resultan fundamentales en investigaciones que afectan a menores;
- coordinar servicios sociales, sanitarios y judiciales para minimizar la revictimización y asegurar un acompañamiento terapéutico continuado;
- evaluar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos en institutos forenses o sus equivalentes para reducir retrasos.
En el ámbito local, las administraciones y profesionales implicados en la protección infantil suelen señalar la importancia de protocolos que permitan agilizar las valoraciones periciales y asegurar el bienestar de las víctimas durante el proceso. Casos como el de Barros Blancos recuerdan la trascendencia de esos mecanismos y la necesidad de vigilancia por parte de la sociedad civil y las instituciones.
Cronología resumida
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 15/09/2025 | Presentación de denuncia por presunto abuso sexual contra dos niñas (9 y 3 años). |
| Meses posteriores | Actuaciones: entrevistas, informe escolar, seguimiento de trabajadora social. |
| Más de un año después | Pericias psicológicas ordenadas pendientes de realización por el ITF. |
El caso sigue abierto y, según la información disponible, la fiscalía continúa tramitando el expediente. La demora denunciada por la representación legal de la familia reclama explicaciones sobre los plazos y recursos del Instituto Técnico Forense y vuelve a situar en primer plano la necesidad de respuestas ágiles y coordinadas cuando están en juego derechos y seguridad de menores.
En Dos Hermanas, como en otras ciudades, organizaciones sociales, profesionales de la salud y el sector educativo vigilan la eficacia de los mecanismos de protección infantil y reclaman que nadie que haya sufrido un posible delito quede a la espera de pruebas que demoran la investigación y el acceso a la justicia.
