El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió trámite formal a una nueva solicitud de medida cautelar que busca la suspensión provisional del proceso de nulidad electoral contra el Acuerdo Superior No. 000032 del 27 de octubre de 2025, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025-2029.
Motivo de la impugnación
La polémica actual no cuestiona, al menos por ahora, los títulos académicos ni la idoneidad profesional del elegido; la apelación se centra en el cumplimiento de las reglas de publicidad y transparencia que exige el Estatuto Electoral de la Universidad. Según la petición presentada ante el Tribunal, la institución omitió publicar las hojas de vida de los 19 aspirantes antes de llevar a cabo la consulta interna y la elección del Consejo Superior.
Quienes solicitaron la medida argumentan que esa información no se difundió oportunamente, pese a que existía desde el 25 de septiembre de 2025 un derecho de petición reclamando precisamente la divulgación de los currículos de los candidatos. El expediente administrativo indica, además, que la Universidad sí remitió al peticionario otros documentos de los aspirantes, como planes de gestión, propuestas y videos de presentación, y que la consulta de los estamentos universitarios sí se realizó.
Actuaciones judiciales recientes
Mediante auto del 13 de agosto de 2026, el magistrado ponente Jorge Eliécer Fandiño Gallo ordenó correr traslado de la petición cautelar de suspensión provisional a la parte demandada. Ese traslado se hizo efectivo el 14 de agosto de 2026, otorgando a la Universidad un plazo de cinco días para responder. Una vez vencido el término, corresponderá al magistrado decidir si admite o no la suspensión solicitada.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 25 de septiembre de 2025 | Derecho de petición solicitando publicación de hojas de vida |
| 27 de octubre de 2025 | Consejo Superior elige a Leyton Barrios como rector (Acuerdo No. 000032) |
| 13 de agosto de 2026 | Magistrado ordena traslado de la petición cautelar |
| 14 de agosto de 2026 | Traslado hecho efectivo; Universidad tiene cinco días para responder |
Qué se está cuestionando y por qué importa
El núcleo del reclamo es de procedimiento: la garantía de publicidad en los procesos electorales internos de la Universidad busca asegurar que la comunidad conozca quiénes aspiran a cargos de dirección y pueda evaluar sus antecedentes. Los demandantes insisten en que no haber publicado las hojas de vida vulnera el Estatuto Electoral y afecta la legitimidad del resultado.
Para la comunidad universitaria y el público en general, la demanda implica varias consecuencias prácticas: si el Tribunal concede la suspensión provisional, podría paralizarse la posesión o el ejercicio del rector mientras se decide la nulidad electoral; si la solicitud es negada, el proceso seguiría su curso, pero la controversia podría prolongarse en instancias posteriores.
Posibles escenarios y plazos
- Respuesta de la Universidad dentro del plazo de cinco días fijado por el magistrado.
- Decisión del magistrado sobre si admite la medida cautelar; de ser positiva, se decretaría la suspensión provisional del acto administrativo que eligió al rector.
- Posible continuación del trámite hasta una decisión de fondo sobre la nulidad del Acuerdo Superior.
El proceso sigue su curso administrativo y, por ahora, las partes se limitan a las actuaciones formales. No hay, hasta el momento, información pública en el expediente que modifique las afirmaciones sobre la realización de la consulta de los estamentos o que aporte nuevos cuestionamientos sobre los méritos académicos de los candidatos.
En Barranquilla y en los claustros del Atlántico, el caso es seguido con atención: la Universidad del Atlántico es una de las instituciones de educación superior más importantes de la región y cualquier interferencia en su dirección tiene efectos en planes académicos, contratos y confianza institucional.
Seguiré informando sobre las respuestas que presente la Universidad ante el Tribunal y sobre la decisión que tome el magistrado ponente. Por ahora, la agenda está marcada por el cruce entre el derecho administrativo y la gobernanza universitaria, con un punto central: la transparencia en los procesos internos.
