Un juez del estado de Nuevo México ordenó a Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, a pagar 567 millones de dólares por daños asociados con el uso de sus plataformas entre menores de edad, además de imponer reformas operativas que buscan reducir riesgos para la salud mental y proteger frente a la explotación sexual infantil.
Detalles de la sanción y medidas ordenadas
La decisión, adoptada por el juez Bryan Biedscheid del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, suma una multa que se añade a una sanción civil previa de 375 millones de dólares impuesta en marzo, de modo que Meta deberá responder —según el fallo— por un total de 942 millones de dólares relacionados con este caso.
Del monto recién fijado por el tribunal, 420 millones de dólares deberán canalizarse a servicios de tratamiento para jóvenes del estado de Nuevo México. El resto del dinero se usará en programas de prevención, sensibilización y detección durante un periodo de cinco años, dijo la resolución.
| Monto | Destino |
|---|---|
| $420 millones | Servicios de tratamiento para jóvenes en Nuevo México |
| $147 millones | Programas de prevención, sensibilización y detección (resto del total) |
| $942 millones | Total acumulado tras sanción anterior |
Medidas operativas exigidas a la compañía
Además de la componente económica, el tribunal impuso cambios en el funcionamiento de las plataformas para usuarios jóvenes en Nuevo México. Entre las medidas figura:
- Fortalecimiento de los mecanismos de verificación de edad.
- Limitación del uso a 90 horas mensuales para usuarios menores de edad.
- Restricción de notificaciones durante horarios escolares y nocturnos.
- Controles reforzados sobre determinadas interacciones de chatbots con menores.
El tribunal consideró además que Facebook e Instagram deben incorporar avisos y pantallas informativas —según el texto de la resolución— para advertir sobre riesgos asociados al uso de las plataformas.
El juez determinó que las plataformas de Meta constituyen un “perjuicio público” por su contribución a daños relacionados con la salud mental de los jóvenes y la explotación sexual infantil.
Reacciones y próximos pasos
Un portavoz de Meta rechazó la decisión judicial y anunció la intención de la compañía de presentar una apelación. La empresa sostiene que sus productos tienen mecanismos de seguridad y que trabaja para mejorar la experiencia de los usuarios.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional destacaron la relevancia del fallo al subrayar que su alcance no se limita a la sanción económica, pues obliga a cambios sustantivos en la forma en que las plataformas interactúan con públicos menores.
Implicaciones prácticas para padres y autoridades locales
Aunque la resolución se aplica formalmente en el estado de Nuevo México, la sentencia puede tener efectos de arrastre: operativos, regulatorios y reputacionales que obliguen a Meta a replantear políticas globales sobre verificación de edad, límites de uso y control de notificaciones. Para familias en Meta (Colombia) y en otras regiones, la decisión refuerza la discusión sobre la supervisión del tiempo de pantalla y la configuración de privacidad en cuentas de menores.
Expertos en políticas públicas han señalado en casos parecidos que las sentencias de jurisdicciones estadounidenses suelen influir en debates regulatorios y en los estándares que las plataformas adoptan de manera global, aunque los cambios definitivos dependen de apelaciones y de la eventual armonización con normativas locales.
Por ahora, la compañía enfrenta un proceso judicial que puede prolongarse y modificar la cuantía o la implementación de las medidas ordenadas. Hasta que haya una resolución firme en instancias superiores, la obligación de ejecutar las nuevas medidas en Nuevo México y el desembolso de los recursos quedan supeditados a los recursos legales que presente Meta.
La sentencia reaviva la discusión pública sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas frente a grupos vulnerables y plantea interrogantes sobre cómo articular en Colombia y la región mecanismos de proteger a niños y adolescentes en entornos digitales cada vez más integrados a su vida cotidiana.
Nelson Camilo Ríos Baquero, corresponsal en Meta (Villavicencio).
