La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia revocó la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito que había absuelto a varios exintegrantes de la Asamblea del Quindío y los condenó a 96 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción, en relación con la aprobación de ordenanzas emitidas en 2015.
Qué resolvió el Tribunal
La decisión se adoptó al resolver el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público contra la sentencia del 10 de septiembre de 2025. La Sala concluyó que con las ordenanzas aprobadas en 2015 se comprometieron recursos del departamento hasta el año 2024, sin que se hubieran cumplido las exigencias legales exigidas para ese tipo de compromisos financieros.
En el análisis de la Sala se destacaron varios incumplimientos: falta de declaración de importancia estratégica de los proyectos, ausencia de cofinanciación nacional mayoritaria y que las vigencias futuras se autorizaron en el último año de la administración, sin encuadrarse en las excepciones previstas por la normativa.
“En suma, se comprometen recursos del ente departamental hasta el año 2024, sin cumplir con las normas citadas, sin que fuera declarada la importancia estratégica del proyecto, sin que exista cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación, y las vigencias futuras se comprometieron dentro del último año de gobierno, sin que se encuentren dentro de las excepciones previstas por la norma”.
Implicaciones políticas y motivación
La Sala Penal precisó además que, aunque para configurar el prevaricato por acción no es necesario probar un móvil, las evidencias del proceso indican que las ordenanzas se llevaron a la Asamblea cuando ya se conocía que el gobernador entrante pertenecía a otra corriente política. Según la resolución, algunas de las normas redujeron significativamente el presupuesto disponible para la nueva administración y dos de ellas comprometían vigencias futuras hasta 2024.
Quiénes fueron procesados
Los exdiputados involucrados en el proceso son:
- Néstor Jaime Cárdenas Jiménez
- César Londoño Villegas
- Luis Alberto Rincón Quintero
- Margarita María Ramírez Tafur
- Luz Mery Bedoya de López
- Mary Luz Ospina García
Además, la investigación incluye a la entonces secretaria de la Asamblea, Marieth Vanegas Castillo, hasta donde llega la información publicada por las autoridades.
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Delito | Prevaricato por acción |
| Pena impuesta | 96 meses de prisión a seis exdiputados |
| Actos materia de investigación | Aprobación de ordenanzas en 2015 que comprometieron vigencias futuras hasta 2024 |
| Órgano que resolvió | Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia |
Contexto y efectos sobre la gestión departamental
La sentencia cuestiona el uso y la programación de recursos públicos por parte de una Asamblea Departamental que, según el fallo, dejó obligaciones que afectaron la planeación financiera de las administraciones siguientes. El compromiso de vigencias futuras puede limitar la capacidad de gasto y la ejecución de políticas públicas cuando se formaliza sin cumplir las condiciones legales.
Para la gobernabilidad del Quindío, la condena implica no solo sanciones penales para los involucrados, sino también una revisión de los procedimientos internos de la Asamblea en la aprobación de iniciativas que afecten presupuestos futuros. La Sala subrayó la gravedad de aprobar compromisos plurianuales en un contexto de cambio administrativo y sin las garantías de financiación establecidas por la ley.
Próximos pasos procesales
Con la revocatoria de la absolución y la imposición de las penas, la decisión de segunda instancia modifica el escenario judicial de los implicados. La información disponible indica que la sentencia fue emitida por la Sala Penal al resolver la apelación promovida por la agente del Ministerio Público; sin embargo, en los autos no se detallan en la nota pública las etapas siguientes del proceso, como recursos adicionales o aperturas de cumplimiento de la pena.
La resolución subraya el principio de responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas en materia presupuestal y abre un precedente relevante para la fiscalización del uso de vigencias futuras por parte de corporaciones departamentales.
La decisión fue conocida en Armenia, capital del Quindío, y es probable que tenga repercusiones políticas y administrativas locales en las semanas siguientes mientras las partes estudian las vías procesales disponibles.
