El vocero César Holguín presentó una propuesta legal destinada a poner fin a los privilegios tributarios concedidos a las grandes empresas agroindustriales mediante la Ley Nº 32434, conocida en el debate como la denominada “Ley Chlimper 2.0”. Según la iniciativa, ese régimen reduce la tarifa del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% para las grandes agroindustrias hasta el año 2035.
Alcance fiscal y beneficiarios
Las cifras citadas por la propuesta atribuyen al Estado una pérdida anual aproximada de S/ 1.880 millones por la aplicación de la norma. El monto señalado —que la iniciativa busca recuperar para destinarlos a políticas públicas— supera partidas de gasto social de referencia en 2026, según la información incluida en la exposición de motivos.
El documento también destaca la concentración de beneficios en un número reducido de contribuyentes. De acuerdo con los datos citados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentran el 92% de los ingresos de quienes se acogen al régimen agrario señalado.
"Para César Holguín, resulta injustificable mantener este tratamiento preferencial cuando los mayores beneficios se concentran en empresas con alta capacidad económica."
Distribución de utilidades en 2023
En el análisis presentado se consignan cifras sobre el desempeño del sector: en 2023 las empresas acogidas al régimen registraron utilidades por S/ 4.300 millones, y el 81% de esas utilidades se concentró en las 166 empresas de mayor tamaño.
La iniciativa subraya que el régimen agrario ha funcionado con tratamientos tributarios especiales desde el año 2000 y que, ante el crecimiento sostenido del sector agroexportador, resulta necesario revisar el alcance de esas exenciones para evitar que los recursos públicos se reduzcan en favor de grandes grupos económicos.
Qué propone la medida
Según la iniciativa presentada por Holguín, la intención no es eliminar las disposiciones orientadas a los pequeños productores agrícolas: las medidas de apoyo para quienes requieren formalización, mejoras en productividad y acceso a mercados se mantendrían vigentes. El objetivo declarado es centrar los incentivos en quienes realmente los necesitan y removerlos cuando benefician a empresas con alta capacidad económica.
- Restablecer una tributación más progresiva en el sector agroindustrial.
- Recuperar recursos que, en opinión de los promotores, deben destinarse a políticas sociales y servicios públicos.
- Preservar los beneficios y programas de apoyo para pequeños productores agrarios.
Contexto político y económico
La iniciativa llega en medio de un debate público sobre la equidad tributaria y el papel de los incentivos sectoriales en el crecimiento económico. Los promotores argumentan que S/ 1.880 millones anuales podrían financiar programas sociales o inversiones públicas prioritarias. En paralelo, los datos citados por el MEF muestran una estructura de concentración de ingresos y utilidades que, según la propuesta, legitima una revisión del tratamiento fiscal.
La propuesta pretende abrir espacio a una discusión parlamentaria sobre la conveniencia de mantener exenciones extendidas en el tiempo y su efecto redistributivo. Al mismo tiempo, los defensores del régimen podrían argumentar que los incentivos han sido utilizados para impulsar inversión, empleo y exportaciones; sin embargo, la iniciativa insiste en que los beneficios actuales están desproporcionadamente concentrados.
Datos clave
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tarifa de Impuesto a la Renta previa | 29,5% |
| Tarifa reducida por la Ley Nº 32434 | 15% (vigente hasta 2035) |
| Pérdida anual estimada para el Estado | S/ 1.880 millones |
| Utilidades del régimen (2023) | S/ 4.300 millones |
| Porcentaje de utilidades concentradas en 166 empresas | 81% |
La iniciativa ya fue presentada formalmente por el vocero en su cámara y se espera que abra el debate legislativo sobre modificaciones al régimen agrario. El resultado del trámite dependerá de las negociaciones en comisiones y del posicionamiento de actores vinculados al sector agroindustrial y a las finanzas públicas.
