En Soledad se encendieron las alarmas institucionales tras la presentación de una queja disciplinaria contra la alcaldesa Alcira Paola Sandoval Ibáñez ante la Procuraduría General de la Nación. El reclamo busca que el órgano de control establezca si la mandataria incurrió, por acción u omisión, en conductas disciplinariamente relevantes vinculadas a sus deberes como primera autoridad administrativa y de policía del municipio.
Contexto: el audio revelado por SEMANA
La petición se conoce después de que la revista SEMANA divulgara un audio confidencial en el que Jorge Eliecer Díaz Collazos, conocido como alias 'Castor', asegura al gobierno del presidente Petro haber apoyado la candidatura de Alcira Sandoval. Según la versión difundida, el cabecilla criminal dijo: “Nosotros hablamos con esta señora, Alcira Sandoval. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde…”.
Ante esa afirmación, el cabildante de Cambio Radical —identificado en la queja como Orozco— pidió a la Procuraduría que abra verificación oficial para determinar si la alcaldesa solicitó o recibió apoyo de la estructura criminal liderada por alias 'Castor' durante la campaña que la llevó a la Alcaldía de Soledad.
Lo que pide la queja disciplinaria
En el documento presentado por el cabildante Orozco se solicita que la Procuraduría establezca:
- Si Alcira Sandoval incurrió en acciones u omisiones contrarias a sus deberes disciplinarios como alcaldesa.
- Si existió solicitud o recepción de apoyo electoral por parte de la estructura criminal comandada por alias 'Castor'.
- Que, de comprobarse alguna actuación contraria, se adopten medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión del cargo.
El cabildante recuerda en su escrito que, aunque una afirmación de ese tipo “por sí sola, no permite concluir responsabilidad disciplinaria”, sí constituye un hecho objetivo que amerita la verificación oficial, sobre todo tratándose de la persona que ejerce la máxima autoridad administrativa y de policía del municipio.
“Una afirmación de semejante naturaleza, por sí sola, no permite concluir responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, sí constituye un hecho objetivo que amerita verificación oficial.”
Implicaciones para la administración local
La solicitud dirigida a la Procuraduría plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral local y sobre la capacidad de la administración municipal para dar respuesta a las versiones que involucran a una organización criminal. Alias 'Castor' afronta una condena por homicidios cometidos desde 2014, según la información difundida junto con el audio.
Para los habitantes de Soledad, la apertura de una actuación disciplinaria significaría que la Procuraduría deberá recopilar evidencias, tomar declaraciones y determinar si existieron actos que violen el estatuto disciplinario. En caso de hallarse méritos disciplinarios, la entidad puede imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta la inhabilidad temporal o definitiva para ejercer cargos públicos.
| Hecho | Solicitud |
|---|---|
| Difusión de audio por SEMANA | Verificación oficial por la Procuraduría |
| Declaración de alias 'Castor' | Determinar si hubo apoyo electoral a la alcaldesa |
| Petición del cabildante Orozco | Investigar y, de comprobarse, suspender a la alcaldesa |
Hasta el momento de la revelación informativa no consta en el material público la respuesta formal de la Alcaldía de Soledad ni del despacho de la alcaldesa Alcira Paola Sandoval Ibáñez; la queja fue la acción inmediata ante los hechos conocidos.
Qué sigue
Corresponde ahora a la Procuraduría analizar el material disponible, solicitar pruebas complementarias y definir si abre o no actuación disciplinaria formal. El proceso determinará si las afirmaciones consignadas en el audio y las manifestaciones documentadas por el cabildante constituyen causales para sancionar a la mandataria.
Mientras tanto, en Soledad y en la opinión pública local se mantiene la expectativa sobre las decisiones del órgano de control, que en este tipo de casos es el encargado de dirimir responsabilidades funcionales sin perjuicio de eventuales investigaciones penales que puedan derivarse por parte de otras autoridades competentes.
La situación plantea una prueba de instituciones: la ciudadanía espera que cualquier indagación avance con celeridad y rigor, y que las conclusiones garanticen claridad sobre la naturaleza de las relaciones políticas en la ciudad.
