Decisión judicial y alcance inmediato
Un juez con sede en Puerto Asís dictó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, en lo referido al cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, previsto inicialmente para el 30 de septiembre. La medida fue adoptada mientras el despacho estudia una acción de tutela presentada contra la Presidencia, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la ARN, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y otras entidades.
Motivos de la tutela
La tutela fue instaurada por Arbey Lemus Wilches, quien argumenta que el cierre anticipado pone en riesgo derechos fundamentales de las personas concentradas en la ZUT, entre ellos la vida, la seguridad, la reincorporación y la paz. El juez consideró que existen elementos que podrían generar una amenaza para esos derechos y, por esa razón, suspendió de forma provisional el cierre ordenado por la administración central.
Suspensión de comunicaciones a autoridades judiciales
Además de frenar el cierre, la decisión judicial dejó en pausa la comunicación de listados y documentos a la Fiscalía, la Policía y otras autoridades judiciales para la adopción de medidas relacionadas con órdenes de captura y otras actuaciones judiciales respecto de los accionantes. Ese punto tiene implicaciones prácticas inmediatas sobre cómo las instituciones del Estado actuarán frente a las personas allí reconocidas como desmovilizadas y acreditadas.
- Resolución afectada: 389 del 9 de septiembre de 2026.
- Plazo original de cierre: 30 de septiembre de 2026.
- Actor de la tutela: Arbey Lemus Wilches.
Órganos involucrados y vacíos identificados por el juez
En su decisión, el juez señaló la ausencia de una ruta institucional claramente definida para las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas una vez termine la ZUT. También advirtió que no está claro si ya se han consolidado todos los componentes necesarios para garantizar la reintegración y la protección de quienes viven en la zona. Esa falta de claridad institucional fue un factor determinante para considerar que el cierre podría afectar derechos fundamentales.
“El juez considera que esa situación puede generar una amenaza a sus derechos fundamentales.”
Implicaciones para Puerto Asís y la subregión
Aunque la ZUT se ubica en Valle del Guamuez, la medida del juzgado con sede en Puerto Asís tiene repercusiones en toda la subregión del Putumayo. Entre las consecuencias prácticas que podrían derivarse están:
- Retrasos en la definición de la estrategia de reincorporación para las personas allí concentradas.
- Limitaciones temporales para que las autoridades judiciales actúen sobre posibles procesos penales vinculados a algunos de los habitantes de la ZUT.
- Presión sobre las entidades señaladas en la tutela para aclarar rutas, garantías y medidas de protección antes de cualquier cierre.
Contexto normativo y pasos siguientes
La Resolución 389 fue el instrumento administrativo con el que el Gobierno fijó la terminación de la ZUT desde el 30 de septiembre. Con la suspensión provisional ordenada por el juez de Puerto Asís, esa fecha queda en suspenso mientras se estudia la tutela. No se ha informado en el expediente público acerca de plazos procesales adicionales ni de una nueva fecha tentativa para resolver de fondo la tutela. Las entidades demandadas —Presidencia, Consejería de Paz, ARN, Mindefensa y la Fuerza Pública— aparecen como responsables de explicar la ruta institucional y las garantías que se ofrecerán a las personas desmovilizadas si se materializa el cierre.
| Elemento | Situación actual |
|---|---|
| Cierre de la ZUT (Resolución 389) | Suspendido provisionalmente |
| Comunicación de listados a Fiscalía/Policía | Suspendida temporalmente |
| Tutela | Promovida por Arbey Lemus Wilches; en estudio |
La medida judicial obliga a las autoridades a precisar cómo garantizarán la seguridad y la reincorporación de quienes se encuentran en la ZUT antes de proceder con cualquier cierre o con la remisión de información a organismos judiciales. Para Puerto Asís y el Putumayo, el caso subraya la necesidad de articular respuestas institucionales claras que eviten vacíos en la atención y la protección de derechos en procesos de posconflicto.
