El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) presentó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una propuesta para habilitar créditos de tesorería “exprés” destinados a entidades territoriales afectadas por la situación de desastre decretada el 11 de agosto mediante el Decreto 1171 de 2026, como consecuencia del sismo ocurrido el 10 de agosto.
Objetivo de la iniciativa
La iniciativa busca ofrecer un mecanismo transitorio de liquidez que permita a departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas afrontar con recursos inmediatos gastos de funcionamiento relacionados con la atención de la emergencia, financiar inversiones de respuesta, garantizar la continuidad de servicios públicos y ejecutar acciones de rehabilitación y recuperación en las zonas afectadas.
“Debido a que departamentos y municipios se encuentran en el tramo final de la vigencia fiscal, los instrumentos ordinarios de crédito resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de los territorios, lo que dificultaría aún más la reconstrucción”, dijo Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle.
Antecedentes normativos
En su propuesta Infivalle toma como referencia el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, expedido en la emergencia por la pandemia de covid-19. Ese decreto permitió a las entidades territoriales contratar créditos de tesorería para cubrir insuficiencias temporales de caja, con un tope del 15 % de los ingresos corrientes y la obligación de cancelar el financiamiento antes del 31 de diciembre del año fiscal siguiente. La medida fue ratificada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-448 de 2020.
Plazo y condiciones que propone Infivalle
Con base en ese precedente, la propuesta solicita evaluar una disposición transitoria que flexibilice en 2026 la contratación de créditos de tesorería para las entidades incluidas en el decreto de desastre. Entre los puntos centrales que plantea Infivalle se encuentran:
- Mantener un límite porcentual similar al aplicado en 2020 (hasta el 15 % de los ingresos corrientes).
- Permitir la destinación de recursos a funcionamiento por atención a la emergencia, inversiones de respuesta, continuidad y pago de servicios públicos, y rehabilitación.
- Extender el plazo de pago del capital, intereses y demás costos financieros hasta el 31 de diciembre de 2027.
| Aspecto | Condición propuesta por Infivalle |
|---|---|
| Límite | 15 % de los ingresos corrientes |
| Destino | Gastos de atención, inversiones de emergencia, continuidad de servicios públicos, rehabilitación |
| Plazo de pago | Hasta el 31 de diciembre de 2027 |
Razonamiento y limitaciones
Infivalle argumenta que la restricción temporal de la vigencia fiscal y los mecanismos ordinarios de crédito son insuficientes para responder con rapidez a las necesidades inmediatas que genera un desastre de este tipo. La medida busca brindar un margen de maniobra financiera para que las autoridades locales actúen sin esperar procesos crediticios convencionales que pueden demorar semanas o meses.
Sin embargo, la propuesta implica evaluar riesgos fiscales y la capacidad de pago futura de las entidades que accedan a esos créditos. En 2020, la norma similar estuvo acompañada de condiciones y límites explícitos para evitar presiones sobre las finanzas públicas; cualquier disposición transitoria ahora deberá equilibrar la urgencia de la respuesta con la sostenibilidad fiscal de las administraciones territoriales.
Implicaciones para la región
Aunque la solicitud fue radicada por Infivalle desde el Valle del Cauca, el planteamiento se hace extensivo a departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas afectados por el decreto de desastre. En la práctica, la habilitación de un mecanismo como el planteado podría agilizar la llegada de recursos a la atención humanitaria, la reparación de infraestructura dañada y la recuperación de servicios básicos, en territorios vecinos que también registraron afectaciones.
La decisión final recae en el Gobierno nacional y en el Ministerio de Hacienda, que deberán valorar la pertinencia de la medida, su alcance temporal y las condiciones de acceso y devolución de los recursos. Hasta el momento, no hay una respuesta pública oficial sobre la admisibilidad de la propuesta.
Se espera que en los próximos días el Ministerio de Hacienda emita pronunciamiento técnico o proponga alternativas de financiamiento de emergencia que puedan combinarse con recursos nacionales y cooperación para atender las necesidades derivadas del sismo.
En medio de la urgencia por rehabilitar viviendas, salvar servicios públicos y reactivar la normalidad en las comunidades afectadas, la propuesta de Infivalle plantea una vía rápida de acceso a liquidez, pero su ejecución dependerá de las autorizaciones y los mecanismos de control que establezca el Gobierno nacional.
