La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Geovanny Andrés Rojas, alias «Araña», a quien señala como el máximo jefe de la estructura conocida como Comandos de la Frontera, por su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos en el departamento del Caquetá entre 2020 y 2024.
Hechos y municipios afectados
Según la investigación, los crímenes investigados se registraron en diferentes municipios del departamento, incluyendo Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. El ente acusador documentó además 13 ataques armados relacionados con esas muertes.
“En ese sentido, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania”, dijo la Fiscalía.
Entre las víctimas figuran cuatro líderes sociales, además de personas señaladas por la Fiscalía como integrantes de agrupaciones armadas rivales, miembros de la fuerza pública y firmantes del Acuerdo de Paz.
Casos emblemáticos incluidos en la imputación
El expediente incluye varios episodios concretos que la Fiscalía presentó como prueba de la participación de alias «Araña» en la cadena de mando que ordenó ataques. Uno de esos hechos ocurrió el 15 de noviembre de 2020, cuando fue asesinado Jorge Riaño Ramos, identificado en la investigación como firmante del Acuerdo de Paz; según el ente acusador, el ataque se ejecutó con ráfagas de fusil en la vivienda de la víctima, en la vereda Santander, área rural de Florencia.
Otro caso señalado tuvo lugar el 2 de diciembre de 2023 en la vereda Aguas Negras, jurisdicción de Solita. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, hombres armados interceptaron a la líder social María Isabel Ramos Álzate cerca del río Caquetá, la llevaron hasta su residencia y la ultimaron con múltiples disparos.
Cargos que se le imputaron
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias «Araña» los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Homicidio
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
La formulación de cargos es parte del proceso penal que deberá determinar responsabilidad y eventuales sanciones. El material probatorio y los testimonios que aportó la Fiscalía fueron presentados ante un juez con competencia para el caso.
Impacto en comunidades y contexto
La imputación revela la persistencia de la violencia en zonas rurales del Caquetá y la afectación a líderes sociales y excombatientes. La Fiscalía relaciona varios de los asesinatos con la búsqueda de control territorial y de economías ilegales, como la comercialización de pasta base de coca y el manejo de rutas del narcotráfico.
Para las comunidades de los municipios mencionados, los hechos denunciados representan tanto un daño directo —la pérdida de vidas— como una amenaza a la convivencia y la posibilidad de ejercer liderazgos sociales y proyectos de reincorporación tras el Acuerdo de Paz.
Qué sigue en la investigación
Tras la imputación, el proceso continuará con la etapa de judicialización: la Fiscalía deberá sostener la acusación en audiencias ante un juez, donde se evaluará la legalidad de la prueba y se decidirá sobre medidas cautelares o prisión preventiva para alias «Araña», si no se ha adoptado ya. La Unidad Especial de Investigación coordina las diligencias que permitan consolidar la responsabilidad penal del señalado cabecilla.
| Periodo | Homicidios atribuidos | Municipios afectados (ejemplos) |
|---|---|---|
| 2020–2024 | 16 | Florencia, Solita, Belén de los Andaquíes, Curillo, entre otros |
La imputación subraya la tarea de la Fiscalía en casos que involucran estructuras disidentes en zonas donde persisten economías ilícitas y disputas armadas. Las autoridades judiciales y de policía continúan con labores de verificación y recolección de evidencia para fortalecer la acusación.
Por la gravedad de los hechos y la presencia de víctimas que desempeñaban roles de liderazgo social y de reconciliación, el caso de alias «Araña» es observado tanto por organismos judiciales como por organizaciones que defienden los derechos humanos en la región.
