El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, solicitó este martes que la información pública sobre la ciénaga El Vidrial se presente con precisión y subordinada al estado de las actuaciones administrativas en curso. En su pronunciamiento el mandatario pidió respetar el debido proceso y advirtió contra presentar como decisiones firmes asuntos que aún investiga la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Proceso administrativo todavía en trámite
Zuleta Bechara recordó que la ANT adelanta un proceso de clarificación de linderos y naturaleza jurídica de los predios en el sector de la ciénaga y que ese trámite no ha concluido, por lo tanto no existe una decisión definitiva que permita afirmar si los terrenos son bienes de uso público, baldíos o de propiedad privada.
“Este proceso aún no ha concluido y, por tanto, no existe una decisión definitiva que permita afirmar cuál es la naturaleza jurídica de los terrenos. Lo que me corresponde es aportar la información requerida, ejercer mi derecho a la defensa y acatar las decisiones de las autoridades competentes”.
El mensaje del gobernador fue una invitación a diferenciar entre hechos comprobados, hipótesis, documentos técnicos y actuaciones administrativas aún en trámite. En ese esquema, Zuleta rechazó interpretaciones anticipadas que atribuyan responsabilidades o concluyan sobre la titularidad antes de la decisión de la ANT.
El informe de la CVS y la cautela técnica
En su intervención, el gobernador se refirió al informe de 2019 elaborado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Según la interpretación que presentó, ese documento no establece que las modificaciones identificadas en el terreno hayan sido la causa de inundaciones registradas en el departamento, ni determina responsabilidad personal sobre esos hechos.
Zuleta señaló que el informe menciona posibles terraplenes o intervenciones cuya antigüedad se remontaría a décadas, lo que, a su juicio, requiere una lectura técnica y contextualizada antes de atribuir efectos recientes a decisiones concretas o a personas.
- Actor principal: Gobernador Erasmo Zuleta Bechara.
- Entidad que adelanta el trámite: Agencia Nacional de Tierras (ANT).
- Documento de referencia: informe de la CVS de 2019.
Implicaciones públicas y políticas
La petición de cautela del gobernador llega en un contexto en que la disputa por predios y humedales suele generar incertidumbre entre comunidades, propietarios y autoridades ambientales. Los procesos de clarificación de linderos y de la naturaleza jurídica de los terrenos implican verificación documental, inspecciones y, en ocasiones, debates técnicos que pueden tardar meses o años.
Para las poblaciones que dependen de humedales —ya sea para actividades productivas, pesca, almacenamiento de agua o protección frente a inundaciones—, las decisiones sobre la titularidad y el uso del suelo tienen consecuencias directas en la gestión del riesgo, la conservación y los proyectos de infraestructura. Por ello, las autoridades regionales enfatizan la necesidad de basarse en pruebas y dictámenes oficiales antes de tomar medidas o atribuir responsabilidades.
Balance y próximos pasos
El gobernador insistió en que no pretende coartar el ejercicio periodístico ni el control ciudadano sobre la gestión pública. En cambio, pidió que el debate parta de información objetiva, precisa y contextualizada.
| Aspecto | Estado |
|---|---|
| Clarificación de linderos y naturaleza jurídica | En trámite (ANT) |
| Informe técnico referenciado | CVS, 2019 (menciona intervenciones históricas) |
| Determinación final sobre titularidad | No concluyente |
La controversia en torno a la ciénaga El Vidrial pone en relieve cómo los procesos administrativos y los informes técnicos interactúan con la opinión pública y la política regional. Mientras la ANT avanza en la verificación, las autoridades llaman a la prudencia para evitar decisiones o señalamientos prematuros que puedan afectar comunidades y la gestión de los ecosistemas.
Desde la costa Caribe, donde los humedales son paisaje cotidiano y barrera contra el mar y las crecidas, la petición de claridad administrativa resuena con fuerza: la protección, el uso y la defensa del territorio requieren procedimientos transparentes y basados en pruebas.
