La Gobernación de Córdoba informó que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dos situaciones vinculadas al sector educativo del departamento, tras recibir información y completar verificaciones internas por parte de las dependencias competentes.
Denuncia por supuesta estafa a docentes y particulares
La primera investigación se originó a partir de denuncias que señalan a un ciudadano que, presuntamente, se habría hecho pasar por funcionario de la administración departamental para ofrecer gestiones relacionadas con nombramientos, traslados y acceso a cargos en instituciones educativas, a cambio de dinero.
Según la información remitida por la Gobernación, el hombre habría solicitado sumas que oscilarían entre $10.000.000 y $40.000.000 a sus víctimas. En las indagaciones iniciales, además de usar presuntamente el nombre de la Gobernación de Córdoba, la persona señalada habría afirmado en ocasiones tener vínculos con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Contraloría.
Frente a estos hechos, la administración departamental instauró una denuncia por presunta estafa bajo la modalidad de masa y solicitó que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones pertinentes y asuman el control del caso.
Presuntas inconsistencias en incapacidades médicas de una docente
El segundo caso detectado corresponde a la Secretaría de Educación Departamental, que encontró aparentes inconsistencias en documentos presentados para tramitar incapacidades médicas por parte de una docente de un establecimiento oficial.
La Gobernación solicitó la verificación de esos documentos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que habría confirmado que algunos de los soportes no correspondían a incapacidades válidas. Con base en esa constatación, la administración presentó una denuncia por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, para que sea el ente competente el que determine las circunstancias y las responsabilidades.
“Ambos casos son independientes y se encuentran en manos de las autoridades competentes. La obligación de la gobernación de Córdoba es poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los procesos públicos y eso se hizo”.
Implicaciones y seguimiento institucional
La Gobernación subrayó que las dos denuncias son asuntos distintos entre sí y que se remitieron a las autoridades pertinentes para que avancen las indagaciones. Con la decisión de denunciar ante la Fiscalía y solicitar la verificación de documentos ante FOMAG, la administración busca trasladar la responsabilidad investigativa y sancionatoria a las instancias judiciales y administrativas correspondientes.
Estas actuaciones tienen implicaciones prácticas para el sector educativo del departamento, especialmente en materia de confianza en los procesos de asignación de cargos y en el manejo de incapacidades y prestaciones del magisterio. Además, alertan sobre la necesidad de reforzar controles internos y la comunicación institucional para evitar suplantaciones y fraudes.
- Actores involucrados: Gobernación de Córdoba, Secretaría de Educación Departamental, Fiscalía General de la Nación, FOMAG.
- Delitos denunciados: presunta estafa (modalidad de masa), presunta falsedad en documento privado y presunto fraude procesal.
- Montos señalados: entre $10.000.000 y $40.000.000, según las denuncias contra el presunto gestor.
Qué pueden hacer docentes y ciudadanos
Ante la presencia de supuestas gestiones remuneradas para acceder a cargos o trámites administrativos, la recomendación institucional suele ser:
- No entregar dinero ni datos personales a terceros que ofrezcan facilidades para nombramientos o traslados.
- Verificar la identidad y la competencia de quien realiza la gestión ante las oficinas oficiales de la Gobernación y la Secretaría de Educación.
- Denunciar inmediatamente ante la Policía o la Fiscalía cualquier intento de estafa o suplantación.
En el caso de documentos médicos e incapacidades, es pertinente que las instituciones educativas y las entidades pagadoras exijan la validación de soportes ante los entes correspondientes, como FOMAG, y activen los mecanismos disciplinarios y penales cuando se detecten irregularidades.
Próximos pasos
Por ahora, la Gobernación remitió los dos casos a la Fiscalía y espera que las autoridades judiciales determinen responsabilidad penal en su momento procesal. La Secretaría de Educación y FOMAG continúan con los procedimientos de verificación administrativos sobre los documentos cuestionados.
La apertura formal de las investigaciones y las posibles decisiones judiciales serán definitorias para el curso de estos procesos. Hasta tanto la Fiscalía no informe resultados, las denuncias permanecen como investigaciones en etapa inicial.
Montería sigue atenta a las actuaciones oficiales, dado que los hechos afectan la gestión pública y la confianza en los procesos que regulan el empleo y las prestaciones dentro del magisterio departamental.
