Investigación por pagos sin verificación de seguridad social
La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios vinculados al Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga por presuntas irregularidades en la gestión de pagos a facilitadores viales durante el periodo 2024-2025. Los procesados son Juan Jacobo Torregroza Cala, exdirector de la entidad, y León Felipe Gonzáles Argota, quien ostenta el cargo de jefe administrativo.
Según la investigación del ente acusador, los pagos objeto indagatorio corresponderían a contratos por prestación de servicios en los que, presuntamente, no se verificó la afiliación de tres facilitadores viales al sistema de seguridad social, requisito legal para este tipo de contrataciones.
"La Fiscalía investiga a Juan Jacobo Torregroza Cala y León Felipe Gonzáles Argota por presuntas irregularidades en el pago de honorarios a facilitadores viales."
El supuesto incumplimiento habría provocado un detrimento de los recursos públicos del Instituto de Tránsito. La Fiscalía atribuye a Torregroza Cala un perjuicio cercano a $120.000.000, mientras que en el caso de Gonzáles Argota el daño presunto asciende a $76.000.000, con un total aproximado de $196.000.000.
Implicaciones administrativas y locales
En una ciudad donde la movilidad y la señalización vial son asuntos cotidianos para trabajadores, comerciantes y transporte público, la gestión del Instituto de Tránsito tiene impacto directo en la seguridad y la operación vial. La judicialización de quienes dirigieron y administraron la entidad abre interrogantes sobre controles internos, cumplimiento de requisitos contractuales y la supervisión de terceros que cumplen funciones en la vía pública.
- Periodo investigado: 2024-2025.
- Presuntas omisiones: falta de verificación de afiliación al sistema de seguridad social de tres facilitadores viales.
- Presunto detrimento patrimonial total: $196.000.000.
La Fiscalía sostiene que ambos funcionarios tenían responsabilidades en la autorización y trámite de los pagos y que, presuntamente, no adelantaron las verificaciones necesarias frente al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de los contratistas. La judicialización es la etapa formal con la que el proceso pasa a las instancias penales, y determinará si existen responsabilidades administrativas y penales.
| Nombre | Cargo | Presunto detrimento |
|---|---|---|
| Juan Jacobo Torregroza Cala | Exdirector - Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga | $120.000.000 |
| León Felipe Gonzáles Argota | Jefe administrativo - Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga | $76.000.000 |
Contexto y expectativas
En un territorio donde la administración de los recursos públicos y la transparencia son temas recurrentes, la comunidad y los organismos de control locales seguirán de cerca el avance de esta investigación. La continuidad del servicio de facilitadores viales —encargados de regular el tráfico, señalizar y orientar en sectores críticos— depende, además de la contratación, de que existan garantías sobre afiliación a salud, pensiones y riesgos laborales.
La acción de la Fiscalía, además de dirigir el proceso penal, puede motivar la apertura de indagaciones administrativas en la Alcaldía o instancias de control regional, según el alcance que establezcan las pruebas y la calendarización de las audiencias. Para los ciudadanos de Ciénaga, el caso plantea la necesidad de fortalecer controles preventivos que garanticen la correcta utilización de los recursos destinados a la movilidad y a la seguridad vial.
En la próxima etapa procesal corresponderá conocer las decisiones judiciales sobre medidas cautelares, pruebas y eventuales sanciones, mientras la Fiscalía continúa con la recolección de elementos que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.
