La Sala Penal de la Corte de Justicia concluyó este martes la audiencia de agravios relacionada con el homicidio de Fernando Reyes, hecho ocurrido entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022 en la población de La Ciénaga. El trámite judicial pone en revisión las condenas que en abril de este año dictaron un jurado popular y la instancia penal de primera instancia: prisión perpetua para dos coautores y una pena menor por encubrimiento.
Planteamientos de la defensa y respuesta del Ministerio Público
La defensa del condenado Simón Alcides Toranzo presentó la audiencia formalizando una serie de nulidades y planteos técnicos sobre la sentencia que derivó en la pena de prisión perpetua. Según explicó el fiscal Alejandro Dalla Lasta, los cuestionamientos se centraron en aspectos relativos a la valoración de la prueba por parte del jurado y en la correcta aplicación de una calificante jurídica que agrava la conducta reprochada.
"Así que se recorrió vista a todas las partes y cada uno argumentó lo que correspondía. Obviamente que pidieron la absolución del acusado", dijo el fiscal Alejandro Dalla Lasta acerca de los alegatos presentados en la audiencia.
Tras los planteos de la defensa, intervino el Ministerio Público con la solicitud opuesta: mantener las condenas impuestas y rechazar los recursos casatorios. De acuerdo con lo indicado por el representante del ente acusador, la discusión quedó centrada en torno a la valoración de las pruebas producidas durante el juicio y en la corrección jurídica de la calificación del hecho.
Qué está en juego para Ciénaga
Para los habitantes de La Ciénaga —municipio que comparte con la ribera del Caribe costumbres y una cotidianeidad marcada por el comercio costero y la vida ribereña— la expectativa por el resultado de esta revisión es doble. Primero, porque confirma la respuesta del sistema penal frente a un homicidio que conmocionó a la comunidad; segundo, porque las eventuales correcciones o la confirmación de las penas enviarán señales sobre la eficacia en la investigación, la valoración de la prueba y las garantías del proceso.
- Presencia judicial: la causa llegó a la Sala Penal de la Corte, donde se analizarán los agravios y las nulidades planteadas.
- Penas previas: en abril un jurado popular y la Justicia dictaron prisión perpetua para dos coautores y condena menor por encubrimiento.
- Disputa central: la defensa alega errores técnicos en la valoración de la prueba y la calificación jurídico-penal; el Ministerio Público pide confirmar la sentencia.
Datos clave del proceso
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Fecha del homicidio | 3-4 de diciembre de 2022 |
| Instancia que revisa | Sala Penal de la Corte de Justicia |
| Decisiones previas | Abril de este año: jurado popular y justicia de primera instancia impusieron prisión perpetua a dos coautores; condena por encubrimiento |
La audiencia de agravios permite a las partes exponer en forma ordenada los argumentos técnicos y jurídicos que consideran relevantes para que la Sala Penal adopte una decisión sobre la procedencia de las nulidades y sobre la confirmación o modificación de las sentencias. En este caso, la defensa de Toranzo pidió expresamente la absolución del acusado, mientras que el Ministerio Público rechazó esa petición y solicitó la confirmación de las penas.
Próximos pasos y consecuencias
Tras la culminación de la jornada de agravios, corresponderá que la Sala Penal analice los argumentos presentados antes de emitir una resolución. Esa decisión puede confirmar las condenas, revocarlas parcial o totalmente, o declarar la nulidad de lo actuado para ordenar una nueva instancia procesal según lo que establezca la normativa aplicable.
En términos locales, una eventual confirmación reafirmaría la condena contra quienes fueron hallados responsables en primera instancia y por el jurado; una eventual modificación podría implicar nuevos trámites judiciales que prolongarían la incertidumbre para la familia de la víctima y la comunidad de La Ciénaga. Sea cual sea el fallo, la expectativa en el municipio es alta: vecinos y autoridades locales siguen atentos al desarrollo del proceso que tiene implicaciones directas en la percepción de seguridad y en la confianza en las instituciones que administran justicia.
La Sala Penal deberá, por tanto, tomar una decisión fundada en los argumentos técnicos y jurídicos expuestos en audiencia, respetando el derecho de las partes y garantizando la debida motivación que exige la protección de las garantías procesales.
