El miedo volvió a instalarse en varias veredas del Nordeste antioqueño luego de la circulación de un panfleto atribuido al frente cuarto de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’. El mensaje, que ya llegó a comunidades rurales de los municipios de Remedios y Segovia, pide a las minas informales “llegar a acuerdos” para el pago de extorsiones y advierte que quienes se nieguen serán declarados objetivos militares.
Extorsión dirigida a la minería informal
En el panfleto, el grupo armado menciona al menos 17 unidades mineras sobre las cuales asegura que “poco a poco las vamos a estar llamando para llegar a un acuerdo”. Además, el escrito señala que hay empresas y comerciantes que han hecho caso omiso a sus requerimientos y que por ello podrían ser atacados.
La minería informal es un renglón económico importante en la zona y, según dirigentes del sector, se ha convertido en un objetivo recurrente en las disputas entre grupos armados que buscan control territorial y financiación. El temor se ha acentuado porque, además de las amenazas explícitas, se registran actos de violencia como quema de viviendas en áreas rurales —hecho reportado en la zona de Remedios— que obligan a desplazamientos y restringen la actividad productiva.
Reacción de representantes del sector minero
Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), señaló la alarma que generan estos mensajes y pidió mayor presencia estatal para proteger a las comunidades y facilitar la captura de los responsables.
“Ya hoy en día, hasta dos o tres vacunas están pagando en la región para que permitan las labores de la minería tradicional en todo el territorio. Esto es una preocupación enorme porque la fuerza pública, a pesar de que ya no están congelados, tampoco están entregando ningún reporte que evite estas acciones delincuenciales”.
Gómez advirtió que no es el único grupo armado solicitando pagos en la zona, lo que complica la identificación de los responsables y amplía la percepción de inseguridad entre los mineros informales y comerciantes.
Demandas de seguridad y control territorial
Frente a la situación, líderes del sector y habitantes han solicitado a las autoridades un mayor acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad, recoger evidencias y evitar que las extorsiones y amenazas se traduzcan en atentados o desplazamientos masivos.
Los expertos en conflicto y representantes locales suelen señalar que el control de las rentas ilegales —incluida la minería ilegal— es uno de los motores de la confrontación entre grupos armados posdesmovilización. En el Nordeste antioqueño, esa dinámica se refleja en la presión a unidades productivas y en la circulación de panfletos y advertencias que buscan imponer costos y obediencia.
- Municipios afectados: Remedios y Segovia.
- Grupo señalado: Frente cuarto de las disidencias de las Farc, alias ‘Calarcá’.
- Unidades mineras mencionadas: 17 (según el panfleto).
- Prácticas denunciadas: exigencia de acuerdos/extorsiones y amenazas de declararlas objetivos militares.
Impacto social y económico
El cobro de vacunas y la intimidación a mineros informales afectan directamente la economía local: incrementan costos operativos, obligan a parar labores en sectores rurales y dejan a trabajadores sin ingresos cuando la inseguridad crece. Además, la estigmatización de unidades productivas puede limitar el acceso a mercados y a canales formales de comercialización.
| Elemento | Situación reportada |
|---|---|
| Unidades mineras citadas | 17 (mencionadas en el panfleto) |
| Pagos forzados | “Dos o tres vacunas” según dirigente minero |
| Áreas con panfletos | Veredas rurales de Remedios y Segovia |
Las autoridades aún no han informado públicamente sobre operativos concretos relacionados con los panfletos. Sin embargo, dirigentes del sector han solicitado acciones rápidas para prevenir nuevos hechos y proteger a las comunidades afectadas.
La situación en el Nordeste antioqueño vuelve a poner sobre la mesa la complejidad de la transición posacuerdos y la persistencia de economías ilegales como factor desestabilizador. Para miles de familias que dependen de la minería tradicional, la respuesta del Estado y la coordinación con las fuerzas de seguridad serán determinantes para garantizar que la extracción legal y la actividad económica no queden sometidas a extorsiones y violencia.
Mientras tanto, comerciantes y mineros continúan en alerta y piden que cualquier denuncia sea atendida con celeridad, medidas de protección y estrategias que impidan que las amenazas muten en hechos de mayor violencia en una región que aspira a consolidar paz, legalidad y desarrollo.
