La Defensoría del Pueblo envió un requerimiento de información a la Gobernación de Putumayo, a las alcaldías de San Miguel y Puerto Leguízamo, y a la autoridad ambiental Corpoamazonia tras recibir reportes de muerte de peces, “olores ofensivos”, acumulación de desechos y afectaciones a la calidad del agua en el río San Miguel y en sectores de la cuenca del río Putumayo.
Alcance de las afectaciones y por qué importan
La Defensoría señaló que los hechos importan porque varias comunidades dependen de esos ríos para el abastecimiento de agua potable, la pesca y otras actividades productivas. Además, advirtió que el río San Miguel desemboca en el Putumayo, un cauce que integra la cuenca amazónica y tiene carácter transfronterizo, por lo que posibles procesos contaminantes pueden tener repercusiones aguas abajo y en países vecinos.
Ante la gravedad de los reportes, la entidad solicitó a las autoridades locales y a Corpoamazonia información puntual sobre las medidas que se han adoptado y los análisis técnicos realizados hasta ahora.
Qué pidió la Defensoría a las autoridades
El requerimiento incluye solicitudes específicas para identificar la respuesta institucional y las acciones preventivas o correctivas ejecutadas. Entre las peticiones figura el estado de los monitoreos, las alternativas de abastecimiento de agua potable para las poblaciones afectadas y la posibilidad de declarar una situación de emergencia.
“indicar si se han identificado fuentes potenciales de contaminación asociadas con actividades extractivas, industriales, agrícolas, pecuarias o de otra naturaleza”
La Defensoría además planteó que la evidencia técnica deberá esclarecer si las afectaciones se deben a actividad minera, y que las autoridades dispongan medidas para proteger a las comunidades y los ecosistemas.
- Solicitar informes sobre la coordinación institucional y las medidas de respuesta ante la afectación.
- Exigir resultados de los análisis de calidad del agua y de las muestras recolectadas en el río.
- Solicitar claridad sobre alternativas de abastecimiento y medidas de protección para la pesca y el consumo humano.
Responsables requeridos y expectativas de la Defensoría
El requerimiento fue dirigido a:
| Entidad | Información solicitada |
|---|---|
| Gobernación de Putumayo | Cómo responden y coordinan; decisiones en consejos territoriales de gestión del riesgo; alternativas para abastecimiento de agua potable; si se declarará emergencia. |
| Alcaldías de San Miguel y Puerto Leguízamo | Medidas locales de seguimiento y contingencia; información para las comunidades sobre consumo y uso del agua. |
| Corpoamazonia | Actuaciones técnicas, ambientales y administrativas; resultados del análisis de muestras; hipótesis sobre causas; identificación de fuentes potenciales de contaminación. |
La Defensoría pidió que las autoridades comuniquen de manera clara y oportuna las recomendaciones sobre el consumo del agua, la pesca y el contacto con los ríos, así como las medidas preventivas para mitigar riesgos a la salud y al ambiente.
Implicaciones y medidas que deben tomar las comunidades
Ante situaciones como la reportada, la recomendación institucional es evitar el consumo directo de agua y la ingestión de peces provenientes de tramos del río donde se hayan observado mortandades u olores anómalos hasta tanto las autoridades confirmen la calidad del recurso mediante análisis de laboratorio. La Defensoría insiste en medidas preventivas y en la puesta en marcha de alternativas de abastecimiento en coordinación con autoridades locales.
La naturaleza transfronteriza de la cuenca del Putumayo añade un componente de complejidad: cualquier evento contaminante puede afectar comunidades río abajo y, por ende, requerir coordinación interinstitucional y, potencialmente, comunicación con autoridades de países vecinos.
La Defensoría condicionó parte de su actuación a la evidencia técnica que aporten las entidades, y advirtió sobre la necesidad de identificar fuentes potenciales de contaminación vinculadas a actividades extractivas, industriales, agrícolas, pecuarias u otras.
Hasta el momento de la emisión del requerimiento, las autoridades locales habían informado que se realizaba seguimiento desde las oficinas de Gestión del Riesgo; la Defensoría espera ahora los informes y las acciones concretas que permitan proteger a las comunidades y recuperar la calidad de los cuerpos de agua afectados.
