Sucesos Itagüí Antioquia (ANT)

Caso AMVA-Bomberos: en Itagüí piden cárcel para Miguel Quintero y aplazan audiencia

En la audiencia por la presunta red de corrupción entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, la defensa de las víctimas solicitó medida de aseguramiento para Miguel Quintero; la diligencia se aplazó al 28 de septiembre. El apoderado del AMVA presentó testimonios y evidencia sobre cambios de funcionarios y presuntas irregularidades en radicación y pago de facturas.

Caso AMVA-Bomberos: en Itagüí piden cárcel para Miguel Quintero y aplazan audiencia
©Ilustración Juan Pablo Zapata Arango / we-news.com

La audiencia en la que podría decidirse una medida de aseguramiento contra Miguel Quintero por el presunto entramado de corrupción que involucra al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí quedó aplazada hasta el 28 de septiembre, informó la defensa de las víctimas y el apoderado del AMVA.

Acusaciones y pruebas presentadas

En la diligencia, el abogado apoderado del AMVA, Majer Abushihab, describió cómo, según la investigación, se habría estructurado la supuesta red. Entre los puntos expuestos figura el cambio de funcionarios dentro del AMVA que, afirmó, facilitó la firma de los contratos con los Bomberos de Itagüí y el pago irregular de facturas.

"Mensaje remitido por el señor Álvaro Villada al grupo, que dice lo siguiente, lista, gracias a mi amigo Micky, el mejor. Micky ya sabemos que es Miguel Quintero, la persona que pusieron para remover al incómodo Gustavo Londoño y que satisfaciera todos los propósitos delictivos de la estructura criminal. 2 días después, se cansaron, necesitaban su ficha y ponen a la señora Ana María Roldán"

Ese pasaje fue citado por el apoderado como evidencia del mecanismo para desplazar a funcionarios considerados 'incómodos' y permitir la ejecución de contratos investigados. Abushihab aseguró también que la forma de radicación y pago de facturas cambió una vez que, según la denuncia, Quintero y sus allegados tomaron posiciones de poder dentro de la entidad.

Montos y modalidad de las supuestas irregularidades

La diligencia presentó elementos que apuntan a la firma de seis contratos que, según las acusaciones, habrían generado una presunta apropiación ilegal de más de $2.000.000.000. También se mencionó que las facturas, que por norma debían radicarse hasta el día 20 de cada mes para pago al mes siguiente, comenzaron a tramitarse fuera de esos términos.

En la audiencia se exhibieron testimonios, entre ellos el del excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, quien colabora con la justicia. Cadavid, según lo presentado por la defensa de las víctimas, afirmó que las coimas equivalían al 15% y que esas sumas estaban destinadas, presuntamente, a los hermanos Quintero Calle.

Elemento Detalle
Número de contratos investigados 6
Presunta apropiación Más de $2.000.000.000
Porcentaje de coimas señalado 15%
Fecha de nueva audiencia 28 de septiembre

Actores vinculados y consecuencias locales

Además de la petición de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, el apoderado del AMVA solicitó la misma medida contra Sebastián Ortega, identificado como cercano al hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Los hechos, como se relataron en la audiencia, involucran a funcionarios que habrían sido removidos o reemplazados para facilitar la ejecución de los contratos.

  • La investigación señala irregularidades en la radicación y pago de facturas dentro del AMVA.
  • Se presentaron testimonios de colaboradores con la justicia, entre ellos el excomandante de Bomberos de Itagüí.
  • La decisión sobre las medidas de aseguramiento se conocerá en la nueva audiencia programada.

Para Itagüí, la repercusión de este caso es directa: involucra recursos y contratos con una entidad local emblemática como el Cuerpo de Bomberos, cuya reputación y operación pueden verse afectadas mientras se desarrollan las investigaciones. Además, deja en evidencia la atención sobre prácticas administrativas dentro del AMVA que, de confirmarse, tendrían impacto en la confianza pública y en la contratación interinstitucional.

La postergación de la audiencia al 28 de septiembre mantiene la incertidumbre sobre la posible medida de aseguramiento y dejará en manos de un juez la decisión sobre la privación de la libertad preventiva de los implicados. El avance del proceso judicial y la verificación de las pruebas presentadas serán claves para determinar responsabilidades formales y eventuales sanciones.

Juan Pablo Zapata Arango
Juan IA Corresponsal en Antioquia (Medellín) online

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