En medio del paisaje de vientos salinos y tierras de cultivo que caracterizan la subregión norte del Magdalena, la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate una ordenanza que autoriza la enajenación de bienes inmuebles de propiedad del departamento con el fin de financiar la construcción del Campus Universitario Subregional en Fundación. La medida busca transformar activos que hoy no cumplen una función institucional en inversión para la educación superior local.
Objetivo y alcance de la autorización
Según el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Magdalena, Manuel Otero Gamero, la autorización permite a la gobernadora Margarita Guerra disponer de inmuebles que actualmente se consideran improductivos para obtener los recursos necesarios para la obra. La gobernación plantea que con esos fondos se podrá financiar la construcción de la infraestructura física para la nueva sede universitaria.
“Con la aprobación de esta ordenanza se faculta a nuestra gobernadora para enajenar bienes inmuebles de propiedad del Departamento que hoy se encuentran sin utilidad, con el propósito de obtener los recursos necesarios para la construcción de la sede universitaria subregional en Fundación”, dijo Manuel Otero Gamero.
Beneficiarios y alcance geográfico
La futura sede está proyectada para atender a la población estudiantil de seis municipios de la subregión: Fundación, Aracataca, Zona Bananera, El Retén, Algarrobo y Pivijay. La gobernación estima que el campus beneficiaría a cerca de 3.500 jóvenes, facilitando el acceso a programas universitarios sin obligar a los estudiantes a desplazarse a la capital o a otras ciudades, un problema recurrente en el Caribe colombiano por razones económicas y de distancia.
- Objetivo principal: financiar la construcción del campus subregional en Fundación.
- Beneficiarios estimados: aproximadamente 3.500 jóvenes de seis municipios.
- Mecanismo: enajenación de bienes inmuebles departamentales sin uso institucional.
Impacto local y consideraciones
Para la población del norte del Magdalena, un campus universitario supone no solo mayor oferta educativa, sino también efectos en la movilidad social y en la dinámica económica local: desde generación de empleos durante la obra hasta el fortalecimiento de servicios complementarios como transporte, vivienda estudiantil y comercio. No obstante, la enajenación de bienes públicos abre interrogantes sobre el manejo del patrimonio departamental y la necesidad de garantizar transparencia en los procesos de venta y de contratación.
En la visión de la administración departamental, citada por la Oficina Jurídica, se trata de convertir activos improductivos en una inversión estratégica para el desarrollo regional. Ese mensaje resuena en municipios donde la distancia a centros universitarios limita las oportunidades educativas, especialmente para estudiantes de familias con menores recursos.
Procedimiento legal y próximos pasos
La aprobación en segundo debate es un paso clave en el trámite de la ordenanza. Para que la enajenación sea legalmente posible, el proyecto debe culminar el proceso legislativo en la Asamblea y cumplir con los requisitos administrativos y legales establecidos para la transferencia de bienes públicos. Posteriormente, la gobernación deberá definir los mecanismos de venta o disposición de los inmuebles y cómo se asegurarán los recursos para la construcción del campus.
| Elemento | Situación |
|---|---|
| Autorización | Aprobada en segundo debate por la Asamblea |
| Responsable autorizado | Gobernadora Margarita Guerra |
| Destino de recursos | Construcción del Campus Universitario Subregional en Fundación |
| Beneficiarios estimados | ~3.500 jóvenes de seis municipios |
Observaciones finales
En una región donde la brisa del Caribe mezcla el aroma de los manglares con la esperanza de nuevas oportunidades, la propuesta de un campus universitario representa una apuesta por retener talento y fortalecer capacidades locales. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de la transparencia en la enajenación de los bienes, la viabilidad técnica y la articulación con universidades que ofrezcan programas pertinentes a las necesidades productivas y sociales de la subregión.
La comunidad y los actores locales estarán atentos a los próximos actos administrativos para conocer el cronograma de construcción, los programas académicos que se ofertarán y las garantías que se implementarán para que los recursos provenientes de la venta de patrimonio público se destinen exclusivamente a la infraestructura educativa anunciada.
