En Armenia, veedores y dirigentes del magisterio del Quindío advirtieron sobre un déficit de $1,4 billones que pondría en riesgo la atención en el nuevo modelo de salud para los docentes y sus familias durante lo que resta del año. La preocupación se planteó en el marco de un encuentro regional de veeduría de salud, en el que participaron representantes del sindicato de educadores Suteq y la Superintendencia Nacional de Salud, según el reporte compartido por los organizadores.
Riesgo de suspensión del servicio
Desde la secretaría de seguridad social del sindicato Suteq, Esteban Bernal señaló que, de no concretarse el desembolso de los recursos faltantes, podría suspenderse la prestación del servicio no solo para docentes sino también para sus familias. La advertencia subraya un posible colapso operativo si las entidades responsables no aseguran la financiación restante.
“Con un histórico de seguimiento, con un histórico de problemáticas que hoy tiene un nuevo capítulo llamado ‘No hay recursos aprobados para finalizar el año’”, dijo Esteban Bernal durante la reunión, según el acta del encuentro.
Compromiso de gestión por parte de la Superintendencia
La Superintendencia Nacional de Salud, presente en la reunión, asumió el compromiso de elevar la situación ante los ministerios de Hacienda, Educación y Salud para buscar una solución, de acuerdo con lo informado por los veedores. La funcionaria que asistió al Quindío, según el relato de los organizadores, indicó que requiere tiempo para consolidar y remitir la información —en el encuentro se dijo que llevaba 15 días trabajando en el caso— y que gestionará ante los entes competentes.
Problemas operativos y quejas recurrentes
Los asistentes recordaron que el modelo, en su diseño, figura como garante, pero en la ejecución ha mostrado fallas. Entre los problemas reportados están la entrega insuficiente de medicamentos, fallas logísticas y deficiencias contractuales por parte de la entidad administradora fiduciaria señalada en el proceso, la Fiduprevisora. Según lo expuesto en la veeduría, más del 60% de las quejas de docentes en Quindío están relacionadas con la entrega de medicamentos.
- Déficit estimado: $1,4 billones.
- Impacto potencial: suspensión del servicio de salud para docentes y sus familias.
- Demandas recurrentes: entrega de medicamentos, fallas logísticas y problemas de contratación.
- Acciones comprometidas: la Superintendencia gestionará ante los ministerios de Hacienda, Educación y Salud.
Actores y responsabilidades
En el proceso intervienen diversas instituciones y actores cuyo papel fue planteado en la veeduría regional:
| Actor | Rol señalado |
|---|---|
| Suteq (Sindicato de educadores) | Veeduría y seguimiento de las anomalías en la prestación de servicios. |
| Superintendencia Nacional de Salud | Recepción del reporte y gestión ante ministerios competentes. |
| Ministerios (Hacienda, Educación, Salud) | Decisión sobre desembolsos y ajustes al modelo según corresponda. |
| Fiduprevisora | Entidad administradora señalada por presuntas fallas logísticas y contractuales. |
Qué implicaría para docentes y familias
Si no se asignan los recursos necesarios, la consecuencia más directa sería la afectación de la continuidad en la atención médica, lo que incluye limitación en el acceso a consultas, procedimientos y suministro de medicamentos. Los representantes del magisterio expresaron que, pese a que el modelo garantiza prestaciones en el papel, las fallas operativas han dejado brechas en la atención efectiva.
Próximos pasos y expectativas
La Superintendencia, según lo informado en la veeduría, hará la gestión ante los ministerios para intentar asegurar el flujo de recursos. No se entregaron plazos precisos ni detalles técnicos sobre los mecanismos de financiación que se podrían activar. Los veedores esperan que las gestiones permitan evitar la interrupción del servicio y corregir las deficiencias logísticas que, a juicio de los asistentes, han sido “increíbles e injustificables” para el tiempo que lleva operando el nuevo modelo.
La situación deja en evidencia la tensión entre el diseño normativo de un sistema y su implementación práctica; mientras las autoridades competentes analizan alternativas, los docentes del Quindío y sus familias esperan que los compromisos de gestión se traduzcan en recursos concretos que garanticen la atención en lo que queda del año.
