La entrega de un proyecto de optimización del acueducto y construcción de alcantarillado para el corregimiento de Minguillo y la vereda Sabana Alta, en el municipio de La Paz (Cesar), se convirtió en fuente de preocupación para las comunidades rurales después de que el sistema quedara fuera de servicio. El contrato original fue suscrito el 10 de noviembre de 2021 y contempló, según documentos judiciales y administrativos, una inversión de $12.458 millones para la obra y $906 millones para la interventoría.
La falla y la acción legal
La obra se ejecutó y fue entregada con la intención de garantizar el suministro de agua potable en la zona. Sin embargo, en los meses recientes el acueducto dejó de funcionar con regularidad por problemas técnicos, entre ellos daños en un transformador, y por deficiencias en mantenimiento. Como consecuencia, la comunidad aseguró que ha tenido que abastecerse de fuentes superficiales, una situación que motivó la presentación de una acción de tutela para proteger el derecho al agua.
“Adopte las medidas necesarias para garantizar el suministro provisional de agua potable a la comunidad del corregimiento de Minguillo”.
La orden, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz el pasado 15 de julio, encontró vulnerados los derechos de los habitantes del corregimiento y la vereda, y exigió a la Alcaldía municipal adoptar medidas inmediatas para garantizar suministro provisional. Entre las medidas solicitadas por la comunidad estaba el abastecimiento mediante carrotanques mientras se soluciona la falla estructural.
Reclamos de la comunidad y responsabilidades
En la tutela se detalló que la suspensión del servicio obedeció, en parte, a una avería en un transformador instalado en junio, que no fue reparada oportunamente. Los habitantes señalaron que la falta de mantenimiento del sistema fue la razón principal por la que el acueducto quedó fuera de servicio. La situación generó preocupación por la calidad del agua a la que están recurriendo las familias afectadas.
- Petición principal: suministro de agua potable en forma provisional mediante carrotanques.
- Motivo del corte: daño en transformador y falta de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Acción jurídica: tutela admitida y orden judicial para medidas inmediatas por vulneración de derechos.
Contexto financiero del proyecto
Según el expediente asociado al contrato, las cifras aprobadas para la intervención fueron: $12.458 millones para la optimización del sistema de acueducto y la construcción del alcantarillado sanitario en Minguillo y Sabana Alta, y $906 millones destinados a la interventoría. Estos rubros suman $13.364 millones presupuestados en la ejecución y control del proyecto.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Contrato con Consorcio Minguillo (obra) | $12.458 millones |
| Interventoría | $906 millones |
| Total registrado | $13.364 millones |
Impacto local y preguntas abiertas
La pérdida del servicio afecta principalmente a familias en zonas rurales que dependen de ese acueducto para consumo, higiene y actividades domésticas. El recurso judicial plantea la necesidad de acciones inmediatas por parte de la administración municipal para evitar riesgos sanitarios derivados del consumo de agua de fuentes superficiales. También abre interrogantes sobre la calidad del proceso de contratación, la supervisión de la obra y la garantía de mantenimiento posterior a la entrega.
Hasta ahora, en el expediente público sobre la tutela consta la orden al municipio, pero no se ha registrado en la documentación conocida la respuesta formal de la Alcaldía de La Paz ni las medidas concretas adoptadas para el suministro provisional exigido por el juez. Tampoco se han hecho públicos informes técnicos detallados que expliquen las causas profundas de la falla eléctrica o administrativas que impidieron las reparaciones oportunas.
Qué sigue
La orden judicial obliga a la administración local a actuar con urgencia para restablecer el acceso al agua potable en forma provisional mientras se define y ejecuta una solución técnica y permanente. Para los vecinos de Minguillo y Sabana Alta, la expectativa inmediata es la llegada de carrotanques o alternativas similares que mitiguen los riesgos sanitarios. A mediano plazo, será necesario revisar contratos, garantías y planes de mantenimiento para evitar que una obra entregada y financiada con recursos públicos vuelva a quedar fuera de servicio.
La situación en La Paz es un recordatorio de que la inversión en infraestructura rural debe acompañarse de supervisión efectiva, planes de mantenimiento y respuestas administrativas ágiles cuando los sistemas fallan. La tutela constituye, por ahora, la herramienta jurídica que obliga a dar pasos concretos en esa dirección.
