Reorganización y obra: la cuenta regresiva para el 5 de septiembre
La Secretaría de Familia de La Pampa intensifica los trabajos para poner en funcionamiento el Centro Penal Juvenil Santa Rosa antes de que, el próximo 5 de septiembre, entre en vigencia el nuevo régimen previsto por la reforma de la Ley Penal Juvenil. Desde la dirección del área explicaron que la implementación implicará cambios en la organización institucional, la ampliación de equipos técnicos y adecuaciones edilicias.
El plan de trabajo se aceleró esta semana: arquitectas del Ministerio realizaron un relevamiento del edificio para determinar las modificaciones necesarias. Según explicó la directora del área local, Ivana Agüero Pacheco, el objetivo es adaptar los espacios y la organización a las nuevas exigencias del sistema, que prevé una mayor diversidad de medidas y un enfoque socioeducativo.
“Estamos trabajando en el Centro Penal Juvenil Santa Rosa para poder ponerlo en condiciones para que respondan a estas demandas actuales”
Qué cambios se están proyectando
La directora detalló que el proyecto contempla una distribución diferenciada de los adolescentes por criterios procesales y etarios, y la creación de espacios vinculados a la salud mental. También aclaró que el nuevo régimen no implica que todos los jóvenes que ingresen vayan a estar privados de su libertad: la ley contempla medidas alternativas y socioeducativas que deberán ser aplicadas por los juzgados según cada caso.
- Refuerzo de equipos técnicos y de personal operativo en el Centro.
- Adecuaciones edilicias tras el relevamiento arquitectónico.
- Diseño de espacios de contención y salud mental.
- Organización interna que diferencie por situación procesal y por edad.
- Planificación para la implementación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad.
Implicancias locales y desafíos
La puesta en marcha del nuevo esquema representa desafíos operativos y presupuestarios. En lo inmediato, la priorización es técnica: definir el alcance de las obras necesarias y la capacitación o incorporación de personal especializado para acompañar procesos socioeducativos y de salud mental. En lo institucional, la adaptación conlleva cambios en protocolos, en el sistema de ingreso y en la vinculación con los organismos judiciales que aplicarán las medidas.
Para la Secretaría, un punto clave será garantizar una organización que permita distinguir entre adolescentes con procesos abiertos que requieren privación de libertad y aquellos que, según la normativa, deben recibir medidas alternativas. Esa distinción obliga a pensar el edificio y la gestión de una manera distinta a la tradicional: no sólo rejas y seguridad, sino salas de trabajo interdisciplinario, consultorios y espacios para actividades educativas y laborales.
Plazos y pasos siguientes
Con la fecha de entrada en vigencia del régimen a sólo días, las acciones previstas son de carácter prioritario. El relevamiento arquitectónico -realizado esta semana- debe transformarse ahora en un proyecto de obra y en un cronograma de ejecución. Paralelamente, la Secretaría indicó la necesidad de fortalecer los equipos técnicos para atender la diversidad de situaciones que se presentarán.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Esta semana | Relevamiento arquitectónico del Centro Penal Juvenil Santa Rosa |
| 5 de septiembre | Entrada en vigencia del nuevo régimen de la Ley Penal Juvenil |
Las autoridades locales deberán coordinar además con el Poder Judicial y con organismos provinciales dedicados a la niñez y adolescencia para definir criterios de derivación y medidas socioeducativas. En ese sentido, la articulación interinstitucional será central para que la reforma jurídica se traduzca en cambios efectivos en la gestión cotidiana del Centro.
La comunidad de Santa Rosa —familias, organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del área social y educativa— seguirá de cerca los pasos de la implementación, que combinarán ajustes edilicios, reorganización de recursos humanos y la puesta en marcha de procedimientos más centrados en la rehabilitación y en la protección de derechos.
