La Subsecretaría de Asuntos Registrales de la provincia de Santa Cruz informó que avanza en la elaboración de un protocolo de actuación junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con el objetivo de facilitar la obtención del documento nacional de identidad (DNI) para personas que hayan sido víctimas de trata o explotación.
Contexto de la iniciativa y actividad territorial
La titular del área registral, Carla Bahamonde, encabezó una jornada institucional en Puerto Deseado que respondía a una demanda comunitaria por documentación de identidad. Durante ese operativo, la Subsecretaría realizó 97 trámites en una sola jornada, en su mayoría relacionados con el DNI.
La provincia destacó que las acciones buscan priorizar el acceso equitativo a prestaciones estatales mediante la descentralización de servicios y la presencia en los barrios y localidades del norte santacruceño.
Qué incluye el protocolo
Según lo explicado por la funcionaria, el trabajo interinstitucional persigue que el trámite para víctimas de trata y explotación sea rápido y gratuito. La iniciativa contempla la articulación con el organismo nacional RENAPER y la coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración.
"Hoy justamente tenemos una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Desarrollo Igualdad, donde estamos trabajando sobre un protocolo de actuación para la obtención del DNI en aquellos casos de trata y explotación de personas"
El anuncio no detalla todavía cronogramas definitivos ni los pasos administrativos concretos que incluirá el protocolo, pero subraya la intención de eliminar barreras administrativas y costos que suelen obstaculizar el acceso a la identidad para personas en situación de vulnerabilidad.
Resultados del operativo en Puerto Deseado y acciones educativas
En la jornada de Puerto Deseado, la Subsecretaría de Asuntos Registrales resolvió 97 trámites en forma ágil y descentralizada. De ese total, el 80% correspondió a trámites vinculados al DNI —renovación, actualización o gestión para menores— mientras que el resto incluyó partidas de nacimiento y trámites relacionados con deudor alimentario.
| Concepto | Proporción |
|---|---|
| Trámites de DNI | 80% |
| Partidas y otros | 20% |
Además de la toma de trámites, la actividad incluyó dinámicas pedagógicas sobre el derecho a la identidad dirigidas a niños y recorridas guiadas con jardines de infantes en localidades como Caleta Olivia, en línea con las acciones territoriales de la cartera registral.
Impacto esperado y desafíos
El acceso al DNI es una condición previa para el ejercicio de múltiples derechos: acceso a la salud, a la educación, a programas sociales y al registro laboral formal. En este sentido, la implementación de un protocolo que agilice y deje sin costo el trámite para víctimas de trata puede reducir la vulnerabilidad legal y social de personas que, por su situación, enfrentan mayores dificultades para tramitar su identidad.
- Eliminar costos y tiempos administrativos que dificultan la inclusión.
- Coordinación interjurisdiccional entre la provincia y el RENAPER.
- Descentralización de servicios para llegar a barrios y localidades del interior.
No obstante, la efectividad del protocolo dependerá de su concreción operativa: acuerdos formales con RENAPER, capacitación específica del personal para atender situaciones de trata y explotación, y la disponibilidad de recursos y logística para replicar operativos en otras localidades de la provincia.
Próximos pasos
Desde la Subsecretaría de Asuntos Registrales informaron que las reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos continuarán para definir los pasos formales del protocolo. Por ahora, la experiencia de Puerto Deseado sirve como referencia de la demanda existente y del impacto de llevar servicios registrales al territorio.
La iniciativa combina medidas administrativas con acciones educativas y de prevención, y plantea un avance en las políticas públicas provinciales orientadas a personas en situación de vulnerabilidad. Quedan por conocer los plazos de implementación y el alcance territorial del nuevo procedimiento, una vez que se cierre el esquema de trabajo con RENAPER y la cartera de Derechos Humanos.
