La provincia de Santa Cruz puso en marcha el proceso de implementación del nuevo régimen penal juvenil que empezó a regir la semana pasada a nivel nacional, y lo hizo con un énfasis explícito en la prevención y en el trabajo territorial. La Dirección Provincial de Dispositivos para Adolescentes Infractores a la Ley Penal inició capacitaciones a las oficinas de niñez de las distintas localidades para facilitar la comprensión de la normativa por parte de escuelas, familias e instituciones comunitarias.
Articulación entre áreas y objetivos
Daniel Robles, director provincial de Dispositivos para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, explicó en una entrevista en Radio LU12 AM680 que el objetivo central es trasladar «los aspectos técnicos» de la normativa al territorio y generar un lenguaje común entre las distintas instituciones. El plan de trabajo incluye la coordinación con los ministerios y áreas locales de Justicia, Salud y Seguridad, además de organizaciones comunitarias como clubes y colegios.
“Nuestro trabajo es articular con colegios, clubes y con las áreas de niñez de cada una de las localidades, a través de capacitaciones y talleres, para que todos tengamos un mismo diálogo y una misma implementación de la ley”
Según Robles, el primer paso operativo fue capacitar a las oficinas de niñez: la semana pasada se realizó una jornada presencial en la zona norte de la provincia y la próxima etapa se llevará a cabo en la zona sur. Posteriormente, se prevén encuentros en escuelas destinados a docentes, alumnos y familias.
El rol de la familia y la prevención temprana
La psicopedagoga Jenifer Muñoz y el psicólogo Juan Pablo Pescio participaron del mismo intercambio y pusieron especial énfasis en el fortalecimiento del rol familiar. Muñoz afirmó que una de las metas de la ley es promover la responsabilización del adolescente respecto de sus actos y que la prevención no puede quedar limitada al ámbito judicial.
La profesional añadió que resulta necesario trabajar desde edades tempranas sobre la relación entre decisiones y consecuencias, y detectar indicadores de riesgo en la primera infancia. En ese sentido, describió a la familia como «la pata que falta» para complementar las respuestas institucionales.
Implementación práctica y actores locales
La estrategia anunciada combina formación técnica, intercambio con actores comunitarios y actividades en el aula. Los pasos informados por las autoridades provinciales se pueden sintetizar así:
- Capacitaciones a oficinas de niñez de cada localidad (jornadas presenciales por zonas).
- Talleres y encuentros en escuelas dirigidos a docentes, estudiantes y familias.
- Articulación interministerial con Salud, Justicia y Seguridad para protocolos y abordajes comunes.
- Trabajo con clubes y organizaciones comunitarias para acciones preventivas en el espacio social.
| Actor | Rol |
|---|---|
| Dirección Provincial de Dispositivos | Coordinación y capacitación técnica |
| Oficinas de niñez | Recepción y despliegue local de actividades |
| Escuelas, clubes y familias | Implementación de talleres y detección temprana |
| Justicia, Salud, Seguridad | Articulación de protocolos y recursos |
Desafíos y límites señalados
Los responsables provinciales reconocen que el proceso requiere tiempo y dispositivos concretos en territorio. La traducción de la normativa a prácticas escolares y comunitarias implica, además de capacitación, recursos humanos y continuidad en las intervenciones. El foco en la prevención demanda políticas sostenidas que combinen educación, salud mental y oportunidades socioeconómicas para adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Especialistas consultados por la Dirección provincial coinciden en que la mera promulgación de normas no alcanza sin herramientas de contención y sin vías claras para la participación familiar y comunitaria. Por eso, las jornadas anunciadas buscan, tal como dijo Robles, construir un «mismo diálogo» que facilite la aplicación homogénea de la ley en las distintas localidades de Santa Cruz.
Qué sigue
La agenda próxima contempla la extensión de las jornadas a la zona sur de la provincia y el inicio de los talleres escolares. Las autoridades provinciales indicaron que los avances en la capacitación y los resultados iniciales serán evaluados para ajustar procedimientos y priorizar medidas preventivas donde haya indicadores de riesgo.
La puesta en marcha en Santa Cruz se inscribe en un proceso nacional que obliga a cada jurisdicción a adaptar las respuestas locales. En la provincia, la apuesta oficial es que la implementación combine la mirada jurídica con intervenciones educativas y comunitarias para reducir la conflictividad juvenil y promover la inclusión.
